MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
AlianzAS, la iniciativa que aglutina organizaciones del sector de los servicios esenciales, ha instado este viernes al Gobierno a que se permita la revisión de precios en los contratos públicos de servicios esenciales.
En concreto, ha pedido la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos públicos ante cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva, variaciones o alteraciones de los costes de precios regulados por normativa estatal. También ante el aumento de costes laborales una vez la adjudicación ya se está ejecutando.
Además, ha mostrado su deseo de establecer un diálogo con la Administración Central para actualizar el marco legal que les permita continuar siendo “motor económico y social” en España.
En este sentido, la iniciativa ha expuesto que, en la actualidad, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, imposibilita la revisión de precios de una licitación pública, independientemente, en el caso de los servicios esenciales, de los factores que incrementan los costes de toda la cadena de valor. “Así, ni la inflación (del 15% en los últimos 3 años) ni hechos tan excepcionales como la guerra en Ucrania o la pandemia permiten reconsiderar los contratos”, han apuntado.
Ante ello, ha explicado que en el caso de la prestación de servicios esenciales por medio de contratación pública, son las empresas adjudicatarias quienes han de cargar con la crecida de los precios derivada de aumentos de costes laborales impuestos o modificaciones en los salarios.
“Desde que se aprobó la Ley de Desindexación en 2015, el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 75%. A este hecho se suman costes derivados de las obligaciones laborales fijados por los convenios colectivos o la normativa laboral básica”, ha subrayado el secretario general de alianzAS, Francisco Javier Sigüenza.
MEDIDAS QUE SUPONEN UN “GRAN RIESGO” A EMPRESAS ADJUDICATARIAS
Esas medidas, ha añadido que “benefician a diversas categorías de trabajadores, pero suponen un gran riesgo que sean asumidas en exclusividad por parte de las empresas adjudicatarias cuyos contratos hayan sido iniciados antes de la aprobación de dicha medida”.
También ha asegurado que, además, las compañías adjudicatarias, también resaltan que la actual legislación les perjudica en un contexto en el que los contratos se pueden incluso prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, estando vigentes muchos años.
Igualmente, el sector ha denunciado un “agravio comparativo” con respecto a otros, como el de obra pública, donde sí se ha producido un diálogo que ha posibilitado la revisión de precios.
Como resultado de ello, AlianzAS ha agregado que muchas empresas se ven obligadas a renunciar a contratos que ya habían obtenido o que incluso ya están ejecutándose. Asimismo, otra consecuencia que ha dicho que es “grave” son los concursos de adjudicación que quedan desiertos: el 29% en 2022, 11 puntos más que en 2019, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
“Este escenario no solo conlleva perjuicios económicos para las empresas, sino, sobre todo, efectos negativos sobre los trabajadores y ciudadanos, principales beneficiarios de los servicios esenciales”, ha concluido.
AlianzAS está compuesta por la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales (AFELÍN), la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACE), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Federación Española de Restauración Colectiva.
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