MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Burkina Faso ha denunciado una “injerencia inaceptable” por parte de la Unión Europea, que se hizo eco de un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acusaba al Ejército burkinés de “ejecutar sumariamente” a más de 200 civiles, entre ellos 53 menores de edad.
Las autoridades burkinesas han lamentado que Bruselas “haya optado deliberadamente por confiar en un panfleto individualista carente de credibilidad, de una metodología de investigación seria y datos confiables” tal y como han hecho “otros actores internacionales”, posiblemente en referencia a la Administración de Joe Biden, que también condenó los hechos.
“Lamentamos que la UE, habitualmente apegada al rigor científico y a la seriedad de los procedimientos, reaccione basándose en conclusiones apresuradas”, ha indicado la diplomacia burkinesa, tal y como ha recogido la agencia de noticias AIB.
Asimismo, ha rechazado la orden de la Unión Europea a la junta militar de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial para llevar ante la justicia a los responsables, considerando que está “interfiriendo de forma evidente e inaceptable en los asuntos internos” porque las pesquisas “ya están en marcha”.
La semana pasada, el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Peter Stano, expresó su “fuerte conmoción y enérgica condena” por las ejecuciones documentadas y envió su pésame a las víctimas y a la población burkinesa.
“En un preocupante contexto de multiplicación de estos abusos y atrocidades, la Unión Europea pide a las autoridades de transición que inicien rápidamente una investigación independiente e imparcial para identificar y llevar ante la justicia a los culpables de estos crímenes. También lamenta la decisión de suspender varios canales de noticias internacionales”, reza un comunicado.
HRW acusó al Ejército del país africano de llevar a cabo varias masacres el pasado 25 de febrero en tres localidades de la provincia de Yatenga, en el norte del país, que se saldaron con la vida de 200 civiles y que achacaron a la “campaña” militar contra aquellos civiles sospechosos de colaborar con grupos yihadistas que operan en la región.
La ONG entrevistó a una veintena de personas, entre las que hay testigos, supervivientes y activistas locales, quienes han detallado que, tras el paso de un grupo de yihadistas por la zona, llegó un convoy militar con más de un centenar de soldados que comenzaron a llamar “puerta por puerta” para pedir a la gente que saliera de sus casas y a mostrar sus identidades.
Tras ello, los militares supuestamente dispararon a la población, que previamente había sido separada entre hombres y mujeres. Los supervivientes aseguran que enterraron a las víctimas en varias fosas comunes, aunque otros cuerpos que fueron recuperados días más tarde recibieron un entierro individual.
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