MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, remitió este lunes una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para enumerar las “inexactitudes, falsedades y omisiones” que contiene el dictamen firmado por tres de sus relatores, que alertan de que su plan de concordia invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo.
En la misiva de tres páginas, Azcón expresa su “profunda contrariedad” con el contenido del informe. Tras subrayar que la ONU es una “respetable organización”, expresa que es “del todo incomprensible e inédito” que los autores del documento no se hayan puesto en contacto durante su elaboración con una “parte directamente aludida” como es su Gobierno, lo que “socava gravemente la objetividad del informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones”.
El presidente aragonés denuncia así que el dictamen “contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España”. Y, “en consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”.
Asimismo, traslada a la ONU que, “en el ánimo” de su Ejecutivo y del Plan de Concordia que se aprobará “en las próximas fechas”, “no está el de invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas”.
“También a las del periodo democrático, como las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo”, remarca tras subrayar las “reiteradas” condenas que ha hecho del golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista.
LAS “FALSEDADES”
La primera “falsedad” que denuncia Azcón es que en el informe se diga que se ha aprobado una ley de concordia cuando realmente lo que se ha hecho es derogar la del anterior Ejecutivo socialista.
“A nuestro juicio, esta ley imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia”, se justica el aragonés antes de denunciar que aquella ley “idealizaba la Segunda República”; “condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro“; y “limitaba la definición de ‘víctimas’ a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra”.
“Se trataba de un texto normativo que sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte”, se defiende Azcón.
En segundo lugar, asevera que la derogación del texto “no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”. “De hecho, el presupuesto del Gobierno de Aragón para este año 2024 incrementa, respecto a ejercicios anteriores, la partida para exhumaciones en un 10%”, prosigue.
MANDARÁ UN INFORME JURÍDICO
Por último, Azcón confirma que no se ha suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes ni tampoco la información sobre los lugares de memoria democrática de la comunidad.
Y subraya que las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica “no quedan en una situación incierta como consecuencia de su sujeción a la justificación correspondiente, como apuntan los autores del informe. “Por el contrario, la justificación de las subvenciones constituye una imposición legal regulada en la legislación española, propia de un Estado de derecho y democrático”, concluye.
Con todo ello, Azcón, que manda un “fraternal saludo” a Guterres, comunica a la ONU que, “tan pronto como sea posible”, remitirá un informe a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas en la carta.
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