VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO ha lamentado este viernes que, una vez más, la gestión de la Junta de Castilla y León vuelva a ser cuestionada y sea ejemplo del incumplimiento de la legalidad, en alusión al llamamiento de la ONU al Gobierno central en el que le insta a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox.
La organización que dirige Vicente Andrés advierte de que no es la primera vez. Ya ocurrió con el protocolo abortista que anunció el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y con el SERLA, cuando en marzo del año pasado el Gobierno de España remitió un requerimiento previo a la vía judicial advirtiendo de que si la Junta no cumplía con la legalidad vigente, adoptaría las acciones oportunas.
El sindicato se congratula ahora de que tanto el Gobierno de España como la ONU velen por el cumplimiento de la legislación y por el derecho de las víctimas del franquismo recordando que el proyecto de la Ley de Concordia se ha realizado en Castilla y León entre PP y VOX sin contar con la participación de ningún otro partido ni organismo.
Frente a esa “decisión unilateral”, CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que la Ley de Memoria Histórica y Democrática salió adelante con el acuerdo entre las asociaciones memorialistas, las organizaciones sindicales de clase y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que incorporó, para su desarrollo, a las universidades públicas de Castilla y León y a las entidades locales.
CCOO añade que, a día de hoy, tiene abiertos nueve procesos judiciales contra la Consejería de Empleo. “No son procesos caprichosos, sino que hay indicios suficientes para haber tomado la determinación de poner en manos de la Justicia la política del Gobierno de PP y Vox en esta Comunidad. De hecho, ya hay una primera sentencia favorable al sindicato: un juez dio la razón al sindicato sobre el calendario laboral de 2023 que fue declarado nulo”, apuntan.
CCOO no sólo se ha visto en la obligación de poner en manos de la Justicia los casos de incumplimiento de la legalidad que ha detectado en la Junta, sino que también se ha dirigido a instancias europeas.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha admitido a trámite la reclamación que CCOO, junto a UGT, presentó hace unos meses, al entender que la Comunidad de Castilla y León, con sus actuaciones vulneraba y vulnera, varios preceptos de dicha Carta.
Además, recuerda que el pasado 13 de marzo la Comisión de Peticiones del Parlamento votó a favor de la petición, presentada por CCOO y UGT, en la que solicitó que se investigue a la Junta por la vulneración de los derechos recogidos en los tratados fundacionales de la Unión Europea.
Por tanto, “Europa investigará a la Junta de Castilla y León en relación al incumplimiento de la legislación de la Unión Europea sobre el Diálogo Social, además de todas las actuaciones que impiden desarrollar en Castilla y León el papel que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía confiere a ambas organizaciones como agentes sociales y sindicatos más representativos”, concluye el sindicato.
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