MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Asociación Nacional de Autoescuelas (Anaes) consideró este viernes un “parche insuficiente” la convocatoria de plazas de interinos para examinador que propone la administración al entender que “no llegan a cubrir ni las tasas de reposición” o el ofrecimiento a la plantilla actual “la posibilidad de realizar horas extra en algunos centros de examen”.
Así lo advirtió en un comunicado en el que alertó del “peligro de cierre de muchas pequeñas y medianas empresas del sector” ante la “escasez” de personal examinador de la que “adolecen” varias jefaturas y oficinas locales de tráfico, que, a su juicio, “impide a muchos ciudadanos examinarse de las pruebas teóricas y prácticas de conducción en un plazo razonable de tiempo”, con el “perjuicio” que eso supone para las escuelas.
“Es un problema estructural, contra el que llevamos luchando muchos años”, afirmó el presidente de Anaes, Álvaro Llamas, consciente de que la plantilla de funcionarios examinadores “va reduciéndose cada año, debido a las bajas y a las jubilaciones”. “Aunque la DGT convoca plazas cada año para incorporar nuevos examinadores, éstas no son suficientes para cubrir las necesidades del servicio, lo que nos afecta muy negativamente a las autoescuelas y a los ciudadanos”, sentenció.
La asociación recordó que las autoescuelas de distintas provincias han “alertado” en los “últimos meses” del “retraso” que se está produciendo en los exámenes en jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico y que está “provocando” que “miles” de ciudadanos “tengan que esperar varios meses para poder examinarse, sobre todo del práctico, del permiso de conducir”, citando los ejemplos de Valencia, Baleares, Córdoba, Castellón, Cartagena, Lleida, La Rioja, Cantabria, Madrid o Barcelona.
“El problema es que hay pocos examinadores en cada provincia y con eso no se cubren las necesidades del sector. Además, de los pocos que operan, éstos pasan a realizar tareas de administración en algunas provincias, porque tampoco hay administrativos suficientes en las jefaturas provinciales. Si a eso se le suma, que, en muchos centros de examen, las autoescuelas solo podemos presentar un número limitado de alumnos a las pruebas por día de examen, y como mucho, en algunas provincias nos dan uno o dos citas de examen por mes, la lista de espera de aspirantes a examinar se alarga hasta el infinito”, abundó.
AUTOESCUELAS IMPOTENTES
En este contexto, aseguró que la autoescuela “se encuentra impotente y termina recibiendo la queja del ciudadano que no puede presentarse al examen en un plazo de tiempo razonable y que decide interrumpir su formación y retomar sus clases prácticas cuando tenga una fecha de examen adjudicada, lo que hace que vaya al examen menos preparado por ese corte en las prácticas que hace”. “Y, sin prácticas, que es la principal fuente de ingreso de una autoescuela, nos condenan al cierre de negocio”, continuó.
Ante esta situación, el sector de las autoescuelas ya ha realizado varias movilizaciones a lo largo de este año en diferentes provincias con el fin de que la administración “solucione de forma definitiva el problema”, tras “años de ver como mengua la plantilla y se empeora la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía” con “medidas coyunturales que, en ocasiones, solo benefician a unas provincias, en detrimento de otras y que están provocando el desplazamiento del alumnado de las segundas a las primeras, trasladando el problema y empeorándolo”.
“Los parches que ofrece la administración convocando plazas de interinos que no llegan a cubrir ni las tasas de reposición, u ofreciendo a la plantilla actual la posibilidad de realizar horas extras en algunos centros de examen, son insuficientes, porque realmente no está alcanzando para cubrir las necesidades del sector y de los ciudadanos, quienes están obligados a pagar por adelantado una tasa por un servicio, que pueden tardar en darle hasta seis meses”, concluyó Llamas.
Tras subrayar que, según la DGT, 2024 cerrará con una plantilla de 855 examinadores, la mayor cifra en 12 años, la asociación puntualizó que “esas cifras quedan muy lejos de los 888 evaluadores con los que contaba el servicio en 2010”. “Además, desde marzo de 2019, cada examinador solo puede realizar 12 pruebas diarias, lo que supone unas 700 u 800 pruebas menos de las que se hacían anteriormente, el equivalente aproximado al trabajo de unos 70 funcionarios”, resolvió.
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