TERUEL, 2 (EUROPA PRESS)
Una representación de distintos cargos del PP en Teruel, encabezada por las senadoras Emma Buj y Carmen Pobo, se ha reunido este jueves con un grupo de representantes de los funcionarios del centro penitenciario de la ciudad, a quienes han explicado que el Ayuntamiento de la capital turolense aprobará el próximo lunes una declaración institucional que pedirá al Gobierno central que se les reconozca como agentes de la autoridad.
Los representantes populares han trasladado a los funcionarios de prisiones el “apoyo sin fisuras” para este colectivo, que en Teruel asciende a 120 personas, ha informado el PP.
La senadora y alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha subrayado que “la escalada de agresiones que la plantilla de trabajadores en estos centros está sufriendo en los últimos tiempos hace necesaria la urgente modificación de la ley que regula la condición de este colectivo para dotarlos de los medios necesarios para su seguridad”. Además, ha reiterado que “el coste económico de esta modificación sería de cero euros”.
En este sentido, Buj ha explicado que el Senado ha aprobado una iniciativa legislativa para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, si bien ha recordado que “la última palabra” la tiene el Congreso de los Diputados, donde las “diferencias de criterio entre los partidos” está dilatando la modificación de esta ley, “lo que no ocurre con la tramitación de otras leyes exprés como es el caso de la ley de amnistía”, ha lamentado.
CARENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Los funcionarios penitenciarios presentes en la reunión han acogido de forma positiva la declaración institucional que el Ayuntamiento tiene previsto aprobar el próximo lunes y que tiene como objetivo presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique la Ley y estas iniciativa no se mueran en los cajones.
Los trabajadores han puesto de manifiesto las carencias de medios que tienen en los centros, donde han asegurado que la única arma que llevan consigo es “un simple bolígrafo”.
Asimismo, han lamentado que agredir a los funcionarios es “gratuito” dado que no implica ni incremento de pena para el interno, ni derecho a indemnización para el funcionario.
PRINCIPIO DE VERACIDAD
Es más, han aseverado que los funcionarios de prisiones carecen del principio de veracidad, de tal manera que, si un recluso denuncia una agresión falsa de un trabajador, es este último el que tiene que demostrar que no es cierto, lo que provoca un buen número de denuncias falsas.
Para poner freno a todas estas situaciones, los populares han propuesto que se actualicen los medios materiales del cuerpo para poder hacer frente a las agresiones y situaciones de violencia de las que en ocasiones son objeto.
Además, han planteado convocar concursos de traslados con carácter anual, así como impulsar la creación de un estatuto propio en el que se identifiquen claramente las funciones y competencias de estos trabajadores.
Según han trasladado a los funcionarios de la prisión turolense, han considerado necesaria una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años con el objeto de paliar la falta de personal en prisiones teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los últimos años.
Otro de los temas abordados en la reunión ha sido el relativo a los salarios. “Nuestro propósito es que nos equiparen con los funcionarios que trabajan en prisiones de Cataluña”, ha indicado uno de los funcionarios.
La alcaldesa de Teruel ha manifestado que la intención del PP es equiparar a los trabajadores penitenciarios de todos los puntos de España con el objeto de cumplir con el principio de igualdad para el desempeño del mismo trabajo.
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