MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Sanidad requirió a las empresas adjudicatarias de los contratos de suministro de mascarillas la extensión de la caducidad de las mismas, a fin de no desechar las que están actualmente con la fecha cumplida.
Así lo ha puesto de manifiesto en su respuesta una cuestión parlamentaria realizada por el PP, que preguntaba sobre el futuro del almacenamiento de 156 millones de mascarillas caducadas por las que se pagó 85 millones de euros y por la situación de la posible extensión de su caducidad. “Actualmente, el Gobierno está a la espera de respuesta, por lo que actualmente no puede considerarse hayan caducado”, han señalado en su réplica al PP.
Además, Sanidad ha recordado que el informe ‘Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia e Covid-19’, que fue presentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 21 de diciembre de 2023, recomendó a todas las administraciones –entre otras medidas– seguir manteniendo una reserva estratégica sanitaria que permita dar una respuesta “oportuna y eficaz”.
Según dicho departamento, esta reserva debe garantizar la disponibilidad y la “óptima capacidad” de producción de contramedidas en situaciones de crisis para la atención a personas afectadas por algún tipo de amenaza, cualquiera que sea su origen o forma de presentación, y de “equipos de protección individual” para minimizar los riesgos de exposición del personal sanitario.
Por otro lado, en referencia a otra pregunta del PP referida a si se va a desarrollar “alguna medida de utilidad” para evitar futuras pandemias, desde el Gobierno aseguran que este mismo informe “responde a la necesidad de reflejar las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia y ofrecer una información útil para mejorar la actuación el futuro”.
En relación a ello, Sanidad alega que, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, publicado por la Orden SND/726/2023, de 4 de julio, el Consejo de Ministros –una vez valorado el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)– consideró pertinente “la transición hacia un nuevo manejo de la enfermedad de una manera sostenible a largo plazo”.
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