Los ‘populares’ confían en que el Congreso apruebe la ley que equipara a los funcionarios a agentes de la autoridad
GIJÓN, 26 (EUROPA PRESS)
El senador del PP por Asturias, Pablo González, ha destacado este viernes la aprobación en el Senado de la ley que otorga a los funcionarios de prisiones el carácter de agentes de la autoridad, al tiempo que ha llamado la atención sobre la situación del Centro Penitenciario de Asturias, sobre el que pedirán explicaciones al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
González, en rueda de prensa en la sede local del PP gijonés, de la que es presidente, ha incidido en que en 2023 se registraron un total de 5.623 agresiones a funcionarios en cárceles españolas, de las que el 70 por ciento acabaron con parte de lesiones, lo que supone un 12 por ciento más que en el año anterior, sin contar insultos o amenazas.
Así lo ha recalcado acompañado del también senador José Manuel Fernández ‘Lito’ y el diputado regional del PP Manuel Cifuentes, después de reunirse con un representante del sindicato CSIF, con quienes han abordado las necesidades del Centro Penitenciario de Asturias.
En cuanto a la normativa, González ha resaltado que “no es algo baladí”, ya que permite a los funcionarios de prisiones dejar de ser invisibles, tener presunción de veracidad y garantía jurídica al pasar a defenderles Abogacía del Estado, lo que actúa como efecto disuasorio ante las agresiones.
Ha incidido en que es una ley propuesta por el PP, pero apoyada ampliamente en la Cámara del Senado, por lo que espera que siga su tramitación en el Congreso sin que se retrase.
Ha explicado, asimismo, que en España hay 21.500 funcionaros, de los que 14.500 se dedican a tareas propias del área de vigilancia y, de estos, 560 están en la cárcel asturiana.
Sobre esta última, ha incidido en que presenta deficiencias y falta de personal. Ha llamado la atención, a este respecto, sobre que hay más reclusos, con más enfermedades, más patologías mentales, más delincuencia organizada y más mujeres, con lo que “la realidad ha cambiado y la ley no”, ha señalado respecto a la normativa penitenciaria, de hace tres décadas.
REFORMA DE LA CÁRCEL
‘Lito’, por su lado, ha especificado que el Centro Penitenciario de Asturias debe contar con 560 funcionarios de RPT, de los que faltan 80 y otros 110 se encuentran en segunda actividad. Hay, por tanto, 370 funcionarios y faltarían cubrir unos 190 puestos.
A esto ha sumado unas instalaciones “muy viejas”, una cocina “en mal estado”, la necesidad de reparar el tejado y otros desperfectos. Según él, hay un proyecto de mejora que se podía desarrollar en torno a 25 millones de euros.
Al margen de ello, ha incidido en que hay dos días a la semana en la que los reclusos no cuentan con atención médica, lo que puede afectar directamente en un mayor número de agresiones a los funcionarios de prisiones.
Ha anunciado, unido a ello, que llevarán una pregunta al Senado dirigida al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las condiciones actuales que el Gobierno central ve en el Centro Penitenciario de Asturias y las inversiones previstas para el mismo.
También ha remarcado que el PP tiene “serias dudas” de que las leyes aprobadas en el Senado que se trasladan al Congreso, no se relanticen, por lo que ha apuntado que volverán a repreguntar en el próximo Pleno.
Cifuentes, por su parte, ha reiterado que la cárcel asturiana es u centro que está “completamente obsoleto”. Ha recalcado que, con casi 1.000 internos, la mitad aproximadamente sufren patologías psiquiátricas que requieren medicación constante y que ahora se suministra para varios días al no tener atención médica diaria.
Por este motivo, y a nivel autonómico, llevarán al Parlamento asturiano una proposición para que el Principado asuma las competencias y facilite el servicio sanitario correspondiente. Ha explicado que, mientras tanto, el Principado está pagando la factura al Sespa.
Por parte del sindicato CSIF, Emilio Espiniella ha certificado que en 2023 se produjeron más de 12 agresiones a funcionarios en la prisión asturiana. También ha constatado la falta de atención médica dos días a la semana, lo que hace que el funcionario sea el primero que sufre las quejas de interno que no entiende que no haya médico. Ha indicado, además, que actualmente hay dos médicos y un subdirector médico para atender a 957 internos a fecha de este pasado jueves.
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