MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha confirmado este lunes en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia que pidió responsabilidades contables por los contratos sanitarios en pandemia suscritos en Canarias.
No obstante, ha aclarado a preguntas de la diputada de CC, Cristina Valido, que la Audiencia de Cuentas realizó su informe y que ahora está suspendido por orden del fiscal del Tribunal de Cuentas para dar tiempo a recuperar el dinero que se reclama –en torno a cuatro millones de euros por unas mascarillas que no se llegaron a recibir–.
“De ese informe se ha solicitado responsabilidad contable. Se está depurando. Está suspendido por el fiscal porque en este momento están ejerciendo acciones para la recuperación del dinero en Canarias. Por eso se ha suspendido la tramitación, hasta saber si se recupera el dinero”, ha indicado.
El caso fue archivado de forma provisional por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre reconociendo el daño a las cuentas canarias pero admitiendo los esfuerzos de la Agencia Tributaria Canaria por recuperar los fondos.
En la comisión el PP ha puesto en cuestión en el Congreso la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia, llegando a afirmar que la institución se ha dedicado a “blanquear irregularidades groseras” e incluso a “dar la enhorabuena” a sus autores.
Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Vicente Marí, tras escuchar la intervención inicial de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia.
Según ha remarcado Chicano, sus fiscalizaciones han sido “extensas, técnicamente fiables y rigurosas” realizadas por “cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo”.
Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad.
REVISIÓN DEL 83% DEL DINERO CONTRATADO
En el caso de la contratación de emergencia sus exámenes se ciñen a contratos de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En esos meses se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas.
Tras sus más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de “una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas”. “Se hizo lo mejor que se pudo”, ha resumido en otro momento.
Eso sí, Chicano ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude, ni anticorrupción.
Pero el portavoz del PP, José Vicente Marí considera que el Tribunal de Cuentas, “en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares”.
EL BORRADOR QUE FUE REVOCADO
Y se ha remitido al borrador de uno de los informes del tribunal de Cuentas, que examinó contratos de Sanidad y de Transportes, subrayando que en uno de esos contratos, de 32 millones, se dice que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, no podía aplicar la contratación de emergencia porque era relativo a la gripe estacional.
En su opinión, eso demuestra que ese contrato fue “inválido”, y tiene su relevancia porque implica 32 de los 87 millones que firmó Sanidad. Para José Vicente Marí, ese borrador de informe pone de manifiesto “irregularidades groseras” por parte de las administraciones y la voluntad del Tribunal de “blanquearlas” optando por una “redacción tendente a dulcificar” las cosas, sin abrir ningún expediente de responsabilidad contable. “Entenderá que los ciudadanos se pregunten ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas?”, ha remachado.
“Decir eso es poner en cuestión el trabajo de cerca de mil funcionarios”, ha replicado la presidenta. Según ha explicado, aquel borrador que dirigió el consejero Javier Morillas se desechó en el trámite de alegaciones y derivó en otra redacción que al final fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Tribunal, incluyendo el autor del proyecto inicial.
También ha negado que el debate del borrador de informe se hubiera bloqueado, sino que se quitó de agenda porque en ese momento se estaba en plena campaña electoral y, conforme a su costumbre, el tribunal evita aprobar informes políticos en época electoral.
Ha recordado además que la legislación de emergencia permitía incluso contratos verbales, que casi no se han usado, y que no se exigía examinar la solvencia de los contratistas, algo que normalmente es labor del contratante y que tampoco es competencia del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a los problemas que según el diputado del PP no fue capaz de ver el Tribunal de Cuentas, Chicano ha subrayado que son temas que su institución no puede mirar porque no son de la jurisdicción contable, sino de la penal.
HAY OTRAS INSTITUCIONES PARA INVESTIGAR
En otro momento de su comparecencia ha explicado que el PP destaca “demasiados puntos rojos”, pero lo que ha encontrado el Tribunal de Cuentas son “deficiencias e irregularidades” de un nivel que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía vieron motivo para iniciar un procedimiento de responsabilidad contable.
Pero, en todo caso, ha añadido que, después del Tribunal de Cuentas, “hay otras instituciones” que sí tienen capacidad para investigar.
“Si alguien quiere torcer al ley, no va por el Tribunal de Cuentas”, ha añadido a preguntas de ERC, subrayando que “si hay una comisión ilegal”, no se va a reflejar en la documentación que se envía a la institución.
Tanto Vox como Junts han mencionado que hace dos décadas Chicano fue candidata del PSOE al Senado por Madrid, pero ella ha replicado que es servidora pública desde hace más de 50 años y que lleva desde finales del pasado siglo como funcionaria del Tribunal de Cuentas, así que conoce su labor suficientemente.
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