MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, reconoció este lunes que las fiscalizaciones sobre la contratación de emergencia durante la pandemia “detectaron una serie de deficiencias e irregularidades”, pero remarcó que, “con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia en los contratos examinados resultó ajustada a derecho” y que también, con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas”.
Así lo afirmó durante su intervención en la comisión de investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19, celebrado en el Congreso de los Diputados.
Chicano defendió que el Tribunal de Cuentas forma parte del “entramado constitucional”, donde “contribuimos a defender la calidad democrática de nuestro país y contribuimos a una mejor gestión de lo público” y defendió que el Tribunal de Cuentas “no es una oficina antifraude o anticorrupción”.
La responsable del Tribunal de Cuentas señaló que detrás de todas las auditorías “está el rigor de entre 90 y 100 funcionarios” y recordó que todos los informes recibieron el apoyo de todos los miembros, sin ningún voto en contra. “Todos y cada uno de estos siete informes han concitado el apoyo unánime del Pleno sin registrarse ningún voto particular. Son informes que como ordena la ley se han publicado con las alegaciones de los fiscalizados y están todos a disposición de la ciudadanía en su web institucional”, aseveró.
Chicano apuntó que son siete informes “con mucha información”, porque “tengan en cuenta que la contratación de emergencia del sector público estatal autonómico y local, competencia del Tribunal de Cuentas realizada hasta 2020 se materializó en 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2129 millones de euros”.
En este sentido, indicó que las opiniones formadas por el Tribunal se alcanzaron después de analizar 1.328 contratos, que “suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas en contratos de emergencia realizados en 2020”. En definitiva, continuó, “más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia con conclusiones y recomendaciones”.
Sin embargo, explicó Chicano, “pueden encontrar una valoración global de todo este proceso en la memoria del Tribunal de Cuentas de 2023, que ha sido aprobada recientemente por unanimidad en el Pleno y que señala que las fiscalizaciones sobre la contratación de emergencia detectaron una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes”.
Sin embargo, citó literalmente: “Con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia en los contratos examinados resultó ajustada a derecho” y que también, “con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas”.
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