MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Una empresa constructora de Málaga ha sido imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en el marco de una operación policial en la que se ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas.
Según informó la Policía este viernes, la operación se desarrolló dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, y en ella se practicaron tres registros domiciliarios y de una embarcación y se incautaron tres vehículos de alta gama y una embarcación de recreo.
Tras iniciar la investigaciones a finales del año 2022, en mayo de 2023 los agentes tuvieron noticia de la construcción de un chalet con piscina en suelo rústico en una zona de la ciudad con alta demanda de vivienda de lujo, que pudo ser vinculada al principal investigado. Sin embargo, averiguaron que carecía de actividad laboral y por tanto de fuentes legales de ingresos, motivo por el cual había podido acceder a una vivienda de protección pública en régimen de alquiler social, por la que se le permitió no abonar renta alguna.
En realidad, el sujeto tenía varios inmuebles, vehículos y embarcaciones, la mayor parte de ellos a título de terceras personas de su entorno familiar. Empleaba estrategias de ocultación y distracción para disimular sus ganancias presuntamente obtenidas con el tráfico de drogas.
Además del delito de blanqueo de capitales, se le imputa la comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio, por la construcción de dos chalés en terreno rústico. Una de estas viviendas, camuflada bajo una supuesta herencia familiar, fue construida en un diseminado rural fuera de ordenación y en ella se descubrió una conexión ilegal al suministro, por la que también se le imputa una defraudación de fluido eléctrico.
Las personas de su entorno familiar detenidas por su participación como testaferros fueron puestas en libertad tras declarar en dependencias policiales. Por su parte, el principal investigado pasó a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad provisional sujeta a medidas cautelares. Los investigadores han solicitado a la autoridad judicial el decomiso y embargo preventivo de vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias y bienes inmuebles con un valor próximo a los 2.5 millones de euros.
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