El juicio tendrá lugar el próximo martes, 23 de abril, en la Audiencia Provincial LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)
El Fiscal solicita una pena de 2 años y 11 meses de prisión para cada uno de los dos acusados de un delito de robo con fuerza y otro contra la salud pública al ‘okupar’ una finca de Logroño deshabitada -en tiempos de pandemia, mayo de 2020-, robar y utilizar ese lugar como punto de venta de droga.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos acusados entraron a la fuerza a una finca ubicada en el Camino de Lapuebla de Labarca, en el término municipal de Logroño, que se dedicaba a cultivos agrícolas.
La finca contaba con una edificación de dos plantas. En la baja se guardaban herramientas, aperos de labranza y objetos personales y la primera, se utilizaba a modo de vivienda.
En un momento dado, los dos acusados, E. J. L. y K.G.J., “que se dedicaban habitualmente a entrar en viviendas y edificios aparentemente desocupados o en que la presencia de personas es muy esporádica”, según el escrito del Fiscal, acudieron a este lugar con el fin de instalarse dentro.
Así, decidieron entrar en la finca donde “con la seguridad que les proporcionaría la ausencia de moradores y de visitantes, se apoderarían de los objetos de valor que pudieran hallar, como igualmente podrían usar dicho lugar como punto de venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lejos del casco urbano de Logroño y donde la presencia de cualquier fuerza policial que realizara vigilancias sería fácilmente detectada”.
Estas perspectivas se veían favorecidas en la primavera de 2020, vigente el Estado de Alarma, que impedía salidas domiciliarias no justificadas, ni desplazamientos no justificados a las fincas rústicas para realizar labores de cultivo.
De esta manera, los dos procesados “esperaban que no acudieran a la finca ni los propietarios ni los usuarios de la parcela” y allí atendieron a los compradores de droga que se presentaran.
ROMPIERON LOS CANDADOS
De esta manera, en mayo de 2020, los acusados rompieron el candado de la puerta de acceso a la finca y colocaron uno propio. Ya en el interior, violentaron y rompieron la cerradura de la puerta de la planta baja y la cerradura de la puerta de la planta primera, registrando todas las estancias.
También aprovecharon para introducir en varias mochilas, en una bolsa y en una maleta objetos pertenecientes a la finca y a la edificación, para llevárselos. También habían colocado en la entrada de la finca diversos objetos de valor que habían encontrado y se aprestaban a trasladar, tales como una tabla de abdominales, varias pesas, una bolsa con herramientas, una bicicleta de mujer, y un carrito de bebé en el que habían cargado una alargadera y otros objetos.
El día 5 de mayo de 2020, sobre las 16,00 horas, el propietario y agentes de la Policía Nacional sorprendieron dentro de la finca a los acusados. Ante la llegada de la Policía, el acusado E. J. L. trató de esconderse en la casa.
VENTA DE DROGAS
En el registro se observó cómo los acusados tenían, dentro de la casa, y encima de un bidón metálico, una cajetilla de tabaco en cuyo interior había una bolsita cerrada de color verde, que contenía speed, anfetamina. También se les incautó dinero -415 euros- en billetes y monedas, “procedente de la venta de drogas”.
El escrito señala, además, que los acusados tenían consigo una pistola de gas o aire comprimido “para amedrentar a cualquier merodeador que pusiera en peligro sus operaciones ilícitas o para ahuyentar a cualquier persona que entrara en discusión con aquellos”.
Igualmente tenían a su disposición las herramientas con que habían accedido a la finca y al edificio que les servirían con dicha finalidad intimidatoria.
El speed intervenido hubiera tenido un valor en el mercado clandestino de 118,31 euros.
El propietario de la parcela renuncia a cualquier indemnización, en concreto al importe de 225 euros que costaron las tres cerraduras que reemplazaron a las destrozadas.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito intentado de robo con fuerza por el que pide para cada uno de los acusados la pena de 11 meses de prisión y un delito contra la salud pública para los que pide 2 años de cárcel para cada uno y una multa conjunta de 118,31 euros.
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