MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Fundación Francisco Franco (FNFF) asegura que ha cambiado sus estatutos para tratar de impedir su ilegalización, algo que el Gobierno asegura que tiene intención de hacer de forma inminente.
La FNFF revela este cambio en sus normas de funcionamiento en un artículo que ha incluido en su web y que lleva por título ‘Libertad de pensamiento: La Fundación Nacional Francisco Franco se blinda y evita su ilegalización’.
Esta entidad explica, en este texto recogido por Servimedia, que ha incluido en sus estatutos que actuará con el “máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977”. Sostiene que este añadido es “un blindaje legal frente a la Ley de Memoria Democrática”.
Aluden así a que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijera este viernes, en declaraciones a la Cadena Ser, que “si una fundación, espacio o lugar rememora, homenajea o vanagloria a alguien que fue represor, no tiene sentido dentro de la democracia”. “Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla”, añadió.
“SILENCIO ADMINISTRATIVO”
Sin embargo, la FNFF dice en su artículo que en una democracia “prevalece la consideración de las ideas, vengan de donde vengan, en libertad y con respeto a quien piense de modo distinto”.
Apunta esta entidad que “el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, ya había restringido los esfuerzos del Ejecutivo por poner fin a la Fundación Francisco Franco”.
Se añade que el fin de esta fundación no figura en el Plan Anual Normativo del 2024 del Gobierno, lo que, a su juicio, supone que “el Ejecutivo PSOE-Sumar ha reculado en la intención” de situarles fuera de la ley.
En todo caso, entiende la FNFF que para su “blindaje legal” ayudará también que, en sus estatutos, haya incluido que “en el desarrollo de sus actividades, la fundación velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España, comprendido entre los años 1931 y 1977, evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares”.
Añade que entienden que estos cambios en sus estatutos “han sido aprobados”, puesto que a los mismos se les ha respondido con “silencio administrativo”.
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