MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Europa ha emitido una recomendación a sus 46 Estados miembros destinado a contrarrestar el uso de demandas estratégicas para silenciar a periodistas, medios de comunicación y otros organismos de control público como elemento disuasorio de la libertad de expresión y la participación pública.
El Comité de Ministros hace un llamado a los estados miembros para que diseñen “estrategias integrales y efectivas para contrarrestar las como acciones legales que son amenazadas, iniciadas o perseguidas para hostigar o intimidar a su objetivo con el objetivo de prevenir, inhibir, restringir o penalizar la libertad de expresión en asuntos de interés público y el ejercicio de los derechos asociados a la participación pública”.
La recomendación interpreta la participación pública y el interés público de manera amplia, extendiéndola al derecho democrático de todas las personas a participar en el debate público y los asuntos públicos, en línea y fuera de línea. Por lo tanto, no se limita a los periodistas y otros actores de los medios de comunicación, sino que abarca a todos los organismos de control público y a los que contribuyen al debate público, incluidas las organizaciones y activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los académicos.
La recomendación contiene un conjunto de directrices destinadas a aplicarse a las demandas civiles, así como a los contextos de derecho administrativo y penal, y a las tácticas de intimidación legal. Abarca todas las etapas de la acción legal, incluida una amenaza inicial de acción legal, que puede tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y la participación pública.
Además, cubre todo tipo de SLAPPS, incluidas las demandas nacionales y transfronterizas, las demandas múltiples y coordinadas, y las demandas dirigidas a la participación pública anónima.
Para facilitar la identificación de las demandas, la recomendación identifica una lista no exhaustiva de 10 indicadores, entre los que se incluyen “la explotación de un desequilibrio de poder, el carácter parcial o totalmente infundado de los argumentos del demandante, la solicitud de reparaciones desproporcionadas, excesivas o irrazonables y la participación en tácticas dilatorias”.
La recomendación alienta a los Estados a seguir fortaleciendo sus marcos legislativos y políticos existentes para contrarrestar las citadas demandas, en particular en lo que respecta a las salvaguardias estructurales y procesales, incluidas las que permiten el despido anticipado, los recursos, la transparencia, el apoyo a las víctimas y las víctimas, y el desarrollo de programas de educación, capacitación y sensibilización”.
La recomendación fue adoptada en una reunión celebrada en Vaduz el 5 de abril en el marco de la Presidencia de Liechtenstein del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
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