MADRID/MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)
La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha exigido que la financiación que aporte el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a la implantación de la Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU) se haga a través de las comunidades autónomas y no directamente a las universidades.
Así lo ha indicado este miércoles en la Conferencia General de Política Universitaria, donde ha trasladado la necesidad de que el Ministerio mejore la financiación para que las comunidades autónomas afronten el gasto que supone el incremento de la plantilla de profesores en las universidades públicas, que exige la LOSU.
En el caso de la Universidad de Extremadura, los gastos de la implantación de la LOSU rondan los 8 millones de euros para este año y solo la incorporación de las 89 plazas de ayudante doctor, el coste asciende a 3,3 millones de euros anuales.
En este sentido, desde el Ejecutivo regional aseguran que la “presión” de Extremadura y otras comunidades autónomas ha logrado que el Ministerio presente una nueva propuesta para financiar parte de la implantación de la LOSU que mejora la inicial.
Cabe destacar que Extremadura forma parte del grupo de trabajo creado específicamente para abordar la financiación de la LOSU, que planteó en marzo una propuesta consensuada entre 16 comunidades autónomas y que el Ministerio se comprometió a estudiar, informa la Junta en una nota de prensa.
Así, la consejera extremeña se ha comprometido a estudiar esta última financiación planteada este miércoles por el Ministerio para afrontar los costes derivados de la nueva ley universitaria en los seis primeros años y que ha pasado a ser del 70% del coste total del aumento de profesores frente al 30% de la propuesta inicial.
Posteriormente, las comunidades tendrán que asumir estructuralmente el coste de este incremento de plantilla durante el resto de la vida laboral de este nuevo profesorado.
Por último, la consejera ha subrayado que la Universidad de Extremadura es una de las prioridades para el Ejecutivo autonómico, por lo que se hará “todo cuanto sea positivo” para “garantizar la calidad educativa de la universidad pública de la región”.
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