HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva acoge el próximo 1 de abril, a partir de las 10,00 horas, el juicio por la muerte de un menor en el Karting de Cartaya en 2018, en el que la acusación particular pide cuatro años de prisión y una indemnización de más de 300.000 euros, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, mientras que la defensa de la entidad afirma que debe concurrir la libre absolución al “no existir delito”, según recoge el escrito.
Los hechos se remontan al 20 de marzo de 2018 cuando el menor, vecino de Aljaraque y que en aquellos momentos contaba con 16 años, falleció al sufrir un accidente de moto tras colisionar con un árbol en un recinto de karting Cartaya mientras se preparaba para una competición.
El accidente tuvo lugar sobre las 12,45 horas, cuando el 112 recibió una llamada en la que se informaba de la salida de vía de la moto. De inmediato, el centro coordinador activó a los Bomberos de la Diputación, a los efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil. Los bomberos y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente confirmaron que el menor había fallecido.
Tras ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ayamonte dictó auto de transformación en procedimiento abreviado por un presunto delito de homicidio imprudente, penado con hasta cuatro años de prisión. El juez consideraba que existían “indicios de la comisión de este delito por parte del titular del circuito y del instructor del menor”, ya que consideraba que se pudo producir “la omisión del deber de cuidado, o de previsión, de ambos encausados ante lo que se configuraba como un peligro real y cognoscible”, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).
En este sentido, la resolución razonaba que el menor “no contaba con licencia federativa y que empleaba una motocicleta de notoria potencia (600 centímetros cúbicos) sin que en el circuito se realizara verificación o control alguno relativo a la edad del mismo, ausencia de licencia, características de la motocicleta o potencia”.
El juez también hizo referencia en el documento judicial a que el kartódromo “únicamente contaba con licencia administrativa expedida para la práctica del karting y con medidas de seguridad propias de tal modalidad, insuficientes respecto a siniestros ocurridos en el empleo de motocicletas como la utilizada”.
El juez relataba en el auto que los hechos habrían tenido lugar “sobre las 13,00 horas del día 20 de marzo de 2018”, cuando el menor falleció mientras practicaba entrenamientos de motociclismo en las instalaciones del kartódromo de Cartaya, explotado por una mercantil de la que es consejero delegado y máximo dirigente uno de los investigados, el cual tenía “plenas facultades de organización y dirección”.
El menor acudió al circuito “en horario lectivo escolar” acompañado por su padre y por un instructor, que es la segunda persona investigada en esta causa, según exponía el juez, que añadía que el menor “no contaba con licencia federativa alguna” expedida por la Federación Andaluza de Motociclismo y realizaba los entrenamientos en una motocicleta “de elevada potencia”, concretamente de 600 centímetros cúbicos, “propiedad del instructor, que le asesoró y dirigió y con el que el menor había concertado previamente a través de una relación remunerada la prestación de sus servicios”.
El siniestro tuvo lugar en una curva ubicada al finalizar una recta, donde el menor no mantuvo la trazada de la pista y, al salirse de la misma, sobrepasó la barrera de neumáticos y la valla metálica, que era “insuficiente para evitar que la motocicleta la sobrepasara”, golpeándose con un árbol de elevadas dimensiones situado a unos metros del perímetro exterior del circuito.
Según indicó el juez en el auto, la motocicleta “sobrepasó las medidas de seguridad, impactando finalmente con el árbol, en términos que no habrían resultado factibles del mismo modo para un kart”, subrayando que las medidas de seguridad habrían resultado más idóneas para detener la salida de pista de un kart”.
Por su parte, el abogado de la entidad, Enrique Arroyo, indicó a Europa Press tras el accidente que el joven alquiló la pista para circular con una moto de su propiedad.
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