LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)
El Gobierno riojano contratará una auditoría “externa” e “independiente” ante la sospecha de “malas prácticas” en la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia, por valor de 3,08 millones de euros, según ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez.
En concreto, ha señalado que se adquirieron 5,5 millones de mascarillas, por contrato de emergencia en 2020 de 5,5 millones de mascarillas para el SERIS, a la empresa ‘Arneplant’, para uso sanitario si bien “no eran óptimas” para este sector. Además, Domínguez ha manifestado la “sorpresa” porque “la recepción de las mismas las hiciera la Fundación Riojana para la Innovación y no el Servicio Riojano de Salud (SERIS)”.
La contratación de la auditoria se ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de La Rioja. El portavoz ha señalado que tras los análisis internos realizados se ha constatado que la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, “no siguió los cauces habituales, puesto que fue recepcionado por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no por el del SERIS”.
“Parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas una vez contrastado que no eran adecuadas para el uso sanitario, y permanecen guardadas en un almacén de la Comunidad Autónoma en Arrúbal”, ha destacado Domínguez.
El portavoz ha enmarcado la decisión en el proceso de exploración y control de la Administración autonómica que lleva meses ejecutando el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán, y en el marco de las investigaciones abiertas en diferentes comunidades autónomas sobre los contratos de adquisición de material protector durante la pandemia de la COVID.
De este análisis, el Ejecutivo regional deduce que “concurrieron actuaciones que merecen ser investigadas de una forma más exhaustiva y profunda, entre ellas, que la recepción del material no la hizo desde el primer momento el SERIS, como es preceptivo, sino responsables de la Fundación Riojana para la Innovación”.
Por ello, y a propuesta de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha decidido encargar una auditoría de cumplimiento normativo externa para conocer todos los detalles de la operación y, de esta forma, poder informar y rendir cuentas en el Parlamento de La Rioja “con la máxima transparencia, consciente de que este es un asunto de gran interés público”.
Hay que recordar que la comisión de investigación abierta en la Cámara sobre este tema decayó con la conclusión de la pasada legislatura.
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