VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
Castilla y León cerró 2023 con una deuda de 13.865 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados hoy, lo que equivale al 19,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Este menor nivel de endeudamiento con respecto a la media autonómica es uno de los elementos que ha sustentado la reciente decisión de la agencia Moody’s de mejorar el perfil financiero de Castilla y León, elevando el rating Baa1 de perspectiva estable a positiva.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el año 2023 suponía el 4,26 % del total de las comunidades, contabilizado en 325.234 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2023, Castilla y León acumulaba 13.865 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 19,9 % de su Producto Interior Bruto, lo que supone un descenso de casi un punto porcentual en cómputo interanual y de más de 3 puntos porcentuales desde 2020. Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (22,2 %), siendo inferior en 2,3 puntos porcentuales.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 225,8 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’–créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 12,5 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 246,1 millones de euros.
Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody’s ha valorado favorablemente en su decisión del pasado 21 de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España. Además, ha tenido también en cuenta la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y la accesibilidad de Castilla y León al mercado de deuda.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al cierre de 2023, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 26 %, con 3.600 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.965,8 millones de euros–en concreto, el 14,2 %–correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.367,5 millones de euros, aproximadamente un 10 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 96,6 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,4 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,6 % firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 74,3 % está concertado a tipo de interés fijo y el 25,7 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y está en su totalidad suscrita en euros.
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.151 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional.
De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al acabar 2023 al 22,5 %, frente al 19,9 % de Castilla y León.
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