SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere que se inste a la Junta a elaborar “un código ético y de buen gobierno en el que se fijen los valores que han de orientar el comportamiento ejemplar de los altos cargos en el ejercicio de sus correspondientes responsabilidades públicas”, lo que “debe conllevar el establecimiento de una amplia gama de exigencias, más allá de las normas legales o reglamentarias”.
Así se recoge entre las reivindicaciones de esta PNL socialista relativa a medidas de “regeneración democrática e impulso democrático”, consultada por Europa Press, y registrada para su debate en el Pleno del Parlamento, con la que el PSOE-A también quiere que desde la Cámara autonómica se inste al Gobierno de la Junta a establecer “en las distintas consejerías” una serie de “protocolos de detección temprana y prevención de conflictos de intereses de altos cargos”.
Asimismo, el Grupo Socialista quiere con esta iniciativa que el Parlamento emplace a la Junta a “iniciar el estudio para el establecimiento de un mecanismo independiente de evaluación de las políticas públicas que informe sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía de las estrategias, planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos y establecer las medidas correctoras para reconducir las políticas fallidas”.
Además, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a “evitar, o al menos reducir, los procedimientos legislativos de urgencia, en especial los decretos leyes, los cuales habrán de remitirse al Parlamento para su convalidación con un informe que avale suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad”, según plantea la iniciativa socialista.
Otra propuesta de esta iniciativa es que la Junta “impulse los cambios normativos necesarios que permitan hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones emanadas de los Informes de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.
Por otro lado, el PSOE-A plantea también en su PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que “adopte las medidas necesarias para que el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, haga públicos los microdatos de las encuestas, sondeos o barómetros que realice, en un plazo máximo de cinco días desde que el resultado de dichas encuestas, sondeos o barómetros se hubiesen publicado”.
En séptimo lugar, el PSOE-A quiere que desde el Parlamento se inste a la Junta a “establecer como regla general que ningún órgano o ente instrumental” de la Administración autonómica, “ni ninguno de sus altos cargos, mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, podrán aceptar premios o reconocimientos de cualquier naturaleza de entidades o personas receptoras de ayudas o subvenciones otorgadas por la propia Junta”.
Finalmente, el Grupo Socialista emplaza al Parlamento con esta proposición no de ley a instar a la Junta a “desarrollar una regulación que determine las necesidades de protocolo y la composición de las comitivas de acompañamiento en los traslados nacionales e internacionales del presidente de la Junta y las consejeras y consejeros, que habrá de regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad”.
UN “NECESARIO IMPULSO DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA” EN ANDALUCÍA
En la exposición de motivos de esta PNL, el Grupo Socialista parte de la premisa de que “uno de los elementos que determinan la calidad de una democracia es la regulación de las funciones de sus altos cargos a fin de garantizar la transparencia y dedicación plena a sus funciones públicas, evitando aquella actividad o intereses que pudieran comprometer su independencia, imparcialidad y correcto desempeño de sus deberes públicos”.
Desde ese punto de partida, el PSOE-A defiende también en esta PNL que “cualquier iniciativa o proceso de regeneración y profundización democrática que pretenda incorporar mecanismos para facilitar la buena acción política debe ser siempre bienvenida”, y sostiene que “este impulso de regeneración democrática se hace especialmente necesario en Andalucía, cuando se han cumplido cinco años del gobierno del Partido Popular”.
En esa línea, desde el PSOE-A denuncian que “algunas de las actuaciones impulsadas directamente por el Gobierno de la Junta o adoptadas por algunos de sus altos cargos parecen alejarse claramente de los valores éticos y de servicio público que debieran inspirarlas”.
“Este tipo de actuaciones se han hecho más presentes tras las últimas elecciones autonómicas” del 19 de junio de 2022, “al haber desaparecido el contrapeso que siempre supone un gobierno de coalición”, advierten desde el PSOE-A aludiendo a la mayoría absoluta lograda por el PP-A en esos comicios, lo que le ha permitido gobernar en solitario, a diferencia de en la legislatura anterior, cuando contó como socio con Ciudadanos (CS), que tras dichas elecciones perdió su representación en el Parlamento andaluz.
El Grupo Socialista argumenta así para justificar esta iniciativa parlamentaria que “disfrutar de una mayoría absoluta que respalda sistemáticamente cualquier decisión o actuación del gobierno parece confundirse a veces con una sensación de impunidad”, por lo que resulta “necesario establecer un marco en el que se clarifique el alcance de conceptos como incompatibilidades, conflictos de intereses, deber de transparencia, etcétera”.
“Se trata, en la medida de lo posible, de fijar certezas tanto para la ciudadanía como para los propios altos cargos de la Junta de Andalucía, del correcto desarrollo de sus actuaciones, acorde a los valores éticos y de servicio público que debe inspirarlas”, concluye defendiendo la iniciativa del PSOE-A registrada en el Parlamento.
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