VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado la intención de los Grupos Parlamentarios PP y Vox de “amordazar” a las víctimas del franquismo y “lavar la cara a una dictadura”, al tiempo que ha avanzado que irán a la Justicia si se acaba aprobando la Ley de la Concordia.
Así lo ha anunciado el presidente de la ARMH, Emilio Silva, minutos después de registrar un escrito en las Cortes dirigidos a todos los grupos parlamentarios en respuesta a la Proposición de Ley anunciada ayer por los portavoces ‘popular’ y de Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, respectivamente.
“Vox y el Partido Popular tratan de llamar concordia a una operación de blanqueo de la dictadura, utilizar un lenguaje permanente sobre la guerra civil y lo bélico en una comunidad autónoma donde las trincheras no cubrían ni el 0,2 por ciento del territorio porque lo que hubo en Castilla y León fue la conquista por parte de los golpistas en 1936 y el asesinato de miles de civiles como era mi abuelo, que no estaban cerca de ningún frente de guerra y que alguien decidió que no solo no debían existir sino que debían desaparecer. Esto es un insulto para familias como la mía y es incomprensible que se utilice un Parlamento autonómico en democracia para lavar la cara a una dictadura”, ha argumentado.
Para Emilio Silva, nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada genéticamente en España y que fue exhumada en un en Priaranza del Bierzo en el año 2000, ha cargado contra el uso de palabras como “concordia o reconciliación” al considerar que en este texto están “completamente huecas porque su intención no es concordar nada”. “Nadie iría con ese mismo discurso al País Vasco, a decirles a las víctimas que les van a dar el mismo trato que a quienes pudieron morir preparando un atentado”, ha apostillado.
En este punto, se ha detenido en el Artículo 4.4 de la Proposición en el que, a su juicio, se refleja “la intención de los dos partidos” y que no es otra que “ejercer censura sobre las exhumaciones y las reparaciones a las víctimas para ocultar la identidad y los hechos de los verdugos; un texto que podría haber firmado el dictador Francisco Franco”, ha subrayado.
“Esto es una ley mordaza para las víctimas del franquismo, que es lo que está escrito aquí y esperemos que no llegue al boletín oficial”, ha continuado para rechazar que se de una “mala elección democrática a la sociedad”: “No puede ser es que a estas horas se pretenda lavar la cara y comparar a mi abuelo, que era un militante de un partido moderado republicano que estaba cuidando de su familia en julio, en agosto, en septiembre y en octubre de 1936 con quien lo asesinó, que es de lo que se trata”.
El presidente de la ARMH ha recordado que en Castilla y León se han exhumado, desde el año 2000, un total de 102 fosas y han recuperado los restos de 850 personas. “Eran civiles todos y cada una de ellas. No estaban en ninguna guerra, no había trincheras cerca. Simplemente un golpe de Estado y alguien decidió que sobraban en la sociedad”, ha incidido.
Silva ha explicado que su intención a la hora de presentar el registro en las Cortes es “generar debate”, pero avisa que, si el Parlamento da el visto bueno a “cosas tan graves como coartar la libertad de expresión de víctimas de hechos violentos”, irán a la Justicia.
“La mejor concordia, y eso lo saben los dos partidos políticos que han presentado este texto, porque conocen bien lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco, la mejor concordia se establece en un juzgado. Y eso es lo que deberían tener las víctimas de la dictadura. La puerta de un juzgado abierta para tener el mismo derecho que otras víctimas de hechos violentos. Y aquí lo que se está haciendo no solo es negarles ese derecho, sino casi negarles la posibilidad de contar que han sido víctimas”, ha resumido.
Por último, ha evidenciado algo que para él no se trata de una “casualidad, sino de una decisión política” y es que no hay una “buena investigación de la represión” en la Comunidad. “Estamos en 2024. No es un accidente, no es un olvido, es una decisión política. Quiero decir, aquí no existe esa información, porque en todos estos años de democracia nadie ha puesto los instrumentos necesarios para que lo sepamos. Y forma parte de todo esto”, ha lamentado.
De ahí que haya insistido en que esta Ley, de aprobarse, vendrá a decir que es “peligroso” saber lo que ha ocurrido aquí. “Y toda esa falacia de que desde el Gobierno del Estado se quiere imponer una visión del pasado es absolutamente falsa. Mi abuelo era un asesinado. Lo dijo una prueba de ADN. Tenía dos orificios de bala en el cráneo. Eso es un hecho. Y luego, cada persona tiene derecho con su ideología, de izquierdas o de derechas, a hacer una lectura sobre ese pasado. Pero lo que no podemos hacer es poner en duda, como hace este texto, los hechos. Porque el texto de la Proposición de Ley habla de que a veces esas cosas de la historia son relatos de padres, abuelos o bisabuelos”, ha concluido.
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