SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado una instrucción por la que solicita a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, S.A. la emisión de un informe en el que se recoja un análisis para saber si en el municipio concurren las circunstancias habilitantes para obtener la declaración de zona de mercado residencial tensionada.
Bermúdez extiende la instrucción a que se detalle en las conclusiones, en el caso que se cumplan las condiciones recogidas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, el pronunciamiento sobre la conveniencia de solicitar al Gobierno de Canarias el inicio de los trámites necesarios para la obtención de tal declaración y añade que “debe especificarse su posible impacto sobre el mercado inmobiliario y cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante”.
En cualquier caso, la solicitud debe ser formulada por el Gobierno de Canarias y debe acompañarse de un plan específico que contemple medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios detectados en la zona para la que se solicita la declaración, informa el Ayuntamiento en una nota.
La pertinencia de este encargo e instrucción viene motivada por la necesidad de elaborar una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentados en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de viviendas para la población residente si se produce que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
O, por otro lado, que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.
En la ley también se contempla, entre las consecuencias más reseñables de esta declaración, la posibilidad de regular el precio de los alquileres de viviendas, que deberán situarse en un rango previamente establecido en función de parámetros como el año de construcción, la superficie o la ubicación, teniendo en cuenta que esta horquilla habrá de tomarse como referencia para establecer la cuantía de los nuevos contratos de alquiler, cuando la vivienda sea propiedad de las personas calificadas por la Ley como grandes tenedores y para las viviendas que se alquilen por primera vez en cinco años.
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