CÓRDOBA, 22 (EUROPA PRESS)
La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Córdoba, junto a la Sección Sindical de UGT en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril han anunciado este viernes que denunciarán “en los tribunales de justicia a la Dirección de Enresa y a los miembros de la Comisión de Selección por fraude y vulneración de derechos relacionados con el despido de dos trabajadores contratados por esta empresa pública en 2023”.
Según ha informado la federación sindical en una nota, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que gestiona las instalaciones de El Cabril, ubicadas en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), “habría cometido fraude al vulnerar los derechos de los trabajadores contratados este año, en un proceso de selección donde se establecen las condiciones y criterios para su contratación, con la simple alegación para ello de no superar el período de prueba”.
UGT-FICA ha recordado que “Enresa es una empresa pública perteneciente a la SEPI y que, por lo tanto, no cumplió en esta decisión de despido con el principio de transparencia que, en la propia convocatoria pública se desarrolla en su punto ocho y que establece que la Comisión de Selección actuará de acuerdo con este principio”.
En base a esta premisa, el sindicato ha señalado que “la decisión adoptada por Enresa no fue analizada ni debatida, ni mucho menos argumentada o explicada, ni a los miembros de la Comisión de Selección ni a la RLT, como tampoco lo fue a los trabajadores afectados”.
El secretario general de UGT-FICA en Córdoba, Pedro Téllez, ha manifestado, en relación a estos despidos, que “el proceso de selección de una empresa pública como Enresa, bajo el paraguas de la Administración pública, no puede usar una excusa tan caprichosa, torticera y carente de todo rigor legal como el periodo de prueba, cuando en el propio proceso de selección se valoran el mérito y la capacidad, teniendo en cuenta, además, que los candidatos en el proceso pasan por una entrevista personal y el correspondiente reconocimiento médico, previos a la contratación”.
Por todo ello, según han desde el sindicato, “solicitaremos al Juzgado de lo Social el auto correspondiente a un despido nulo y la readmisión inmediata de los dos trabajadores, ya que entendemos que tal decisión extintiva es de difícil aplicación cuando el empresario es una Administración pública, puesto que el trabajador ha acreditado mérito y capacidad suficiente para ocupar la plaza en cuestión”.
Finalmente, UGT-FICA ha subrayado que “los poderes públicos no se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, sino por el de legalidad que, en este caso, exige, por una parte, la realización por el empresario público de las experiencias objeto de la prueba y, por otra, la expresión objetiva y motivada de la no superación de la misma”.
- Te recomendamos -
