VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
Una concentración ha exigido este sábado en València que todas las personas migrantes o en situación administrativa irregular tengan “derechos fundamentales” y sean considerados “ciudadanos de primera” para poder acceder a la educación, la sanidad, a una vivienda o a poder “obtener una cuenta bancaria”.
La protesta, celebrada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados, se ha celebrado en la tarde de este sábado en la plaza del Ayuntamiento de València, frente al consistorio.
Los participantes han formado un cuadrado y en el medio del mismo han desarrollado una ‘performance’ en la que dos mujeres han bailado la cumbia ‘La Rebuscona’.
Las personas asistentes han portado carteles con los lemas ‘No al racismo’, ‘Ningún ser humano es ilegal’, ‘Existimos porque resistimos’ y banderas de países como Marruecos, Colombia o Palestina. Asimismo, han proclamado consignas como “Que viva la lucha del pueblo Palestino”, “No al racismo en València”, “No estamos todas, faltan las internas” o “Trabajo de internas, la esclavitud moderna”.
La portavoz del Movimiento Estatal Regularización Ya, Silvana Cabrera, ha recalcado, en declaraciones a los medios, que esta reivindicación “no es una lucha de dos días, sino de los 365 días del año” para exigir que estas personas “tengan derechos fundamentales” y sean “considerados ciudadanos de primera”.
“En España no hay ninguna ley que se haya trabajado contra el racismo y todavía quedan muchísimos derechos por construir, especialmente en el trabajo de hogar y los cuidados”, ha advertido, al tiempo que ha incidido en que “queda muchísimo por mejorar para que España se considere una sociedad diversa”. “No solo viven personas blancas, sino que hay más diversidad”, ha apuntado.
Por otra parte, ha cargado contra la ley de Extranjería, puesto que, a su juicio, provoca que el racismo tenga “una forma estructural e institucional” que “no deja a las personas migrantes avanzar ni conseguir los derechos básicos y fundamentales, como la educación, salud, vivienda o el acceso a una cuenta bancaria”. “Te obliga a permanecer tres años en situación administrativa irregular, por lo que no eres considerado un ciudadano”, ha criticado.
“Cuando estás en situación administrativa irregular, se te criminaliza, y la persona puede acabar encerrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ser posteriormente deportada”, ha añadido, al tiempo que ha denunciado: “Si una migrante va a denunciar a una comisaría por abusos sexuales o una situación de abuso laboral, puede acabar internado en un CIE”.
CONVENIO 189 DEL OIT
Por su parte, la presidenta de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, Dolores Jacinto, ha exigido que se active el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para “proteger” a las trabajadoras del hogar y los cuidados.
Jacinto ha avisado de que, a pesar de que la ley entró en vigor el pasado 24 de febrero, “todavía no se saben los cambios que va a suponer y los recursos que se van a destinar para que esta se cumpla”. “Tenemos a compañeras y amigas trabajando en casas sin que haya un derecho a una inspección laboral, siendo internas, por lo que se vulneran los derechos de las trabajadoras sin que nadie se haga cargo de los riesgos laborales”, ha continuado.
En este sentido, ha exigido al Gobierno de España que ponga “más atención” en las trabajadoras del hogar, que son “más de 300.000 dadas de alta, más las personas que trabajan en la economía sumergida, que son una gran población que está totalmente desprotegida”.
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