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La Xunta tiene previsto la construcción o rehabilitación de 395 viviendas públicas, comenzando las primeras obras en mayo

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Este verano estarán en marcha estos trabajos en Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense, Mondoñedo y Viveiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

La reunión del Gobierno gallego de este jueves ha aprobado un calendario con las obras que la Xunta tendrá en marcha en los próximos meses, a partir de mayo, para ampliar el parque público de viviendas. Así, calcula que en verano tendrá un total de 395 en construcción o en rehabilitación en Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense, Mondoñedo y Viveiro.

Así lo ha avanzado el presidente en funciones, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que ha aprobado estos trabajos que arrancarán durante los “primeros 100 días” del nuevo gobierno, teniendo en cuenta que su investidura será en la segunda semana de abril.

El “objetivo final” es que la XII Legislatura gallega, que acaba de empezar, finalice con un parque público de 8.000 viviendas, entre las que promueva directamente la Administración autonómica y las que se hagan a través de cooperativas con la colaboración público-privada.

Las primeras obras arrancarán, según este calendario, a principios del mes de mayo. En concreto, serán los trabajos para finalizar un bloque de 24 casas en el barrio de O Castiñeiriño, en Santiago, y otro con 40 en Xuxán, en la ciudad de A Coruña.

En las primeras semanas de junio, empezará la construcción de 74 viviendas públicas en Valdecorvos, en Pontevedra, junto con la de otros dos bloques en Lamas de Abade, en Santiago, con 12 y 24 inmuebles, respectivamente.

En cuanto al barrio de San Paio de Navia, en Vigo, entre la primera quincena de junio y la primera de julio se iniciará la construcción de cinco de las seis promociones proyectadas en el polígono 1, con 163 viviendas. El sexto bloque, que será un edificio con 38 domicilios, se prevé que arranque a comienzos de septiembre.

A mayores, Rueda ha avanzado que se está trabajando en la licitación para rehabilitar, el próximo mes de junio, una decena de inmuebles adquiridas por la Xunta en los últimos años al amparo del programa ‘Rexurbe’: tres en Ourense, otras tantas en Mondoñedo (Lugo), dos en Ferrol y otras dos en Viveiro (Lugo).

Junto con estas, en estos cuatro ayuntamientos habrá en marcha para el verano las obras para una veintena de nuevas viviendas públicas.

No en vano, Alfonso Rueda ha instado a los ayuntamientos a acelerar los trámites municipales para estos proyectos, al tiempo que ha reivindicado que la Xunta abonará un total de 2,7 millones de euros en concepto de tasas urbanísticas locales, lo que “permitiría la construcción de 20 viviendas más”.

LEY ESTATAL DE VIVIENDA

En este contexto, los medios han preguntado al presidente gallego si no es contradictorio que la Xunta impulse la ampliación del parque público de viviendas pero, a la vez, no declare en Galicia ninguna zona con el mercado de alquiler tensionado por iniciativa propia.

Rueda ha respondido que, a diferencia de otras comunidades que ya dijeron que “no la van a aplicar” de ninguna forma, la Xunta lo hará en caso de que “un ayuntamiento lo pida, lo razone” con documentación y “entre en los parámetros de la ley estatal”. Eso sí, ha advertido que será responsabilidad de la administración municipal si “las consecuencias no son las deseadas”.

Y es que, según ha argumentado el mandatario autonómico, ni su partido ni su gobierno están de acuerdo con esta norma, que “no va a servir para lo que está diseñada” ni “va a bajar los precios del alquiler”, tal y como dicen “muchísimos expertos” y personas afectadas.

No obstante, “en ningún caso la Xunta dijo que no iba a declarar una zona tensionada si es que se le pide”. “Hay alguna comunidad, leí en un medio de comunicación, que dice que no la va a aplicar aunque la pidan los ayuntamientos porque no está de acuerdo con la ley. Eso Galicia no lo va a hacer en ningún caso”, ha advertido, pese a que su gobierno “no está de acuerdo” con la norma y, de hecho, la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.

CASA DE ACOGIDA EN OURENSE

Por otra parte, la reunión del Consello de este jueves ha dado el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación de Solidaridad Amaranta, para mantener la casa de acogida que tiene en Ourense para víctimas de violencia de género.

Así, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade revalidará esta colaboración a la que destina otro año –desde 2019– un total de 252.000 euros a cargo del pacto de estado contra la violencia machista. A mayores, se destinarán otros 50.000 euros de fondos europeos para obras de rehabilitación y la adquisición de vehículos para el traslado de las usuarias.

Este recurso fue empleado el año pasado por un total de 43 personas: 24 mujeres y 19 menores.


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