MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
Un total de seis ONG de apoyo a personas migrantes y solicitantes de asilo pidieron este jueves que la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería contemple la reducción de los períodos de irregularidad administrativa, a fin de mejorar la protección de derechos de este colectivo.
Así figura en las propuestas enviadas por Convive Fundación Cepaim, Cáritas, Comisión española de Ayuda al refugiado (CEAR), Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes y Andalucía Acoge al período de consulta pública para la elaboración de la normativa.
En su opinión, la reforma de 2022 dejó “cuestiones sin resolver y lagunas jurídicas que se traducen en impedimentos para la regularización administrativa de muchas personas que, aun contando con los requisitos establecidos, el sistema deja en la irregularidad”.
En un comunicado, valoraron de forma positiva la apertura de un nuevo proceso de modificación del Reglamento anunciado el pasado mes de diciembre en el marco de la Conferencia Sectorial de Migraciones.
Las seis ONG defendieron “aprovechar esta oportunidad para limitar de manera efectiva los periodos de irregularidad administrativa, de manera que se garantice el reconocimiento de derechos para todas las personas”.
también pidieron “ajustar los supuestos de arraigo a las circunstancias reales de las personas migradas, eliminar barreras que dificultan los procesos de reagrupación familiar y mejorar el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género”.
Asimismo, remitieron al Ministerio propuestas para “garantizar el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular víctimas de delito, primando la condición de víctima sobre su estatuto de residencia”. Su objetivo, explicaron, es evitar situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del infractor.
Otros puntos que proponen mejorar tienen que ver con la consolidación de los avances en el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad y con la incorporación de medidas efectivas de seguridad jurídica en los casos de devoluciones en frontera.
En definitiva, reclamaron “una reforma legislativa profunda, que no se limite a simplificar los procedimientos administrativos, sino que amplíe el marco de protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes”.
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