HRW pide explicaciones al considerar a Abdi Illey responsable último de un espectro de atrocidades cometidas por sus fuerzas de seguridad
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Las autoridades etíopes han dejado esta semana en libertad al expresidente de la región oriental de Somali Abdi Mohamed Umer, también conocido como Abdi Illey, para consternación de ONG como Human Rights Watch, que acusan al antiguo mandatario regional de orquestar una campaña de ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales contra comunidades locales a través de sus propias “fuerzas pretorianas”: las fuerzas especiales conocidas como la Policía Liyu y los violentos grupos juveniles conocidos como los Hego.
Abdi, arrestado en agosto de 2018 tras una pugna entre sus fuerzas regionales y las del Gobierno federal etíope, fue liberado este pasado jueves, según confirmó su abogado, Eskinder Gezahegn, al servicio en amárico de la cadena británica BBC.
“Solo puedo decir que esta tarde (del jueves) fue puesto en libertad y sobre la postura de la Fiscalía no nos han comentado nada”, declaró el abogado al medio.
Poco después, el Ministerio de Justicia etíope confirmó finalmente que los cargos contra Abdi, así como otro implicado, el general Kinfe Dagnew, cuyos casos respectivamente de terrorismo y corrupción ya se encontraban ante el Tribunal Supremo del país, fueron retirados “en beneficio del interés público”, según recogió la radio televisión pública etíope FANA.
Durante su mandato entre 2010 y 2018 al frente de la región, el expresidente Abdi fue acusado por ejemplo de organizar el grupo juvenil de los Hego, al que se le achaca una ola de violencia que dejó 58 muertos y 250 heridos para instigar una guerra civil en la región, de acuerdo con el pliego de cargos de la Fiscalía recogido por la BBC.
Este balance abarca principalmente los dos peores días de violencia, entre el 4 y 6 de agosto cuando varios cristianos ortodoxos fueron quemados vivos dentro de varias iglesias.
Abdi Mohamed Umer resaltó durante las vistas de 2019 que las imputaciones eran “mentiras coordinadas de forma deliberada” y ha negado cualquier responsabilidad en los incidentes, según informó en su momento el diario etíope ‘Addis Standard’.
Por su parte, HRW ha documentado que la Policía Liyu fue responsable de “graves crímenes contra los Derechos Humanos” en toda la región, incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones, así como represalias contra las comunidades locales”.
De igual modo, HRW denuncia un abanico de maltratos a los presos de la cárcel de Ogaden durante el mandato de Abdi, “donde los encarcelados fueron privados de abogados, visitas familiares y, en ocasiones, alimentos”.
“Al no exigir responsabilidades a Abdi Illey por las numerosas violaciones cometidas durante su mandato, el Gobierno etíope está enviando el mensaje de que la impunidad sigue a la orden del día”, lamenta HRW en un comunicado enviado a sólo unas semanas que Etiopía anuncie una nueva política de justicia transicional a nivel nacional. “Las autoridades”, pide HRW, “deben cambiar de rumbo y demostrar su voluntad de abordar la rendición de cuentas por abusos graves”.
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