MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El PP llevará a votación la próxima semana al Pleno del Congreso una iniciativa para que exigir responsabilidades al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por la compra de mascarillas a la trama del ‘caso Koldo’ cuando era presidente de Canarias, y Vox hará lo propio con otra moción instando al cese de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, por no frenar irregularidades en los contratos de emergencia.
Será a través de sendas mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes al Gobierno que presentaron ambas formaciones dirigieron este miércoles en la sesión de control del Congreso.
En el Pleno de esta semana ya ha habido una primera votación sobre el llamado ‘caso Koldo’ y, gracias a la abstención de ERC y Junts, ha salido adelante una moción del PP exigiendo responsabilidades políticas al Gobierno y más auditorias sobre esta trama con vínculos en el Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos.
Ahora son los de Santiago Abascal los que reclaman directamente la reprobación de la ‘número dos’ del PSOE por su “dejación de funciones” en el control de los contratos públicos que han resultado implicados en el ‘caso Koldo’ y han generado la “pérdida” de millones de euros en comisiones y suministros defectuosos.
VOX CREE QUE HACIENDA FILTRA INFORMACIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN
En la exposición de motivos de la incitativa registrada, a la que ha tenido acceso Europa Press, los de Vox recuerdan casos que han salpicado al PSOE en los últimos 40 años y hacen un desglose de los implicados en el denominado ‘caso Koldo’, donde apuntan numerosos organismos pertenecientes al ministerio del Interior, al Ministerio de Transportes y al Ministerio de Sanidad, aunque matizan que esto es simplemente la “punta del iceberg” y que en realidad la corrupción “campa a sus anchas”.
Desde Vox señalan que recientemente se han elevado “sospechas” sobre el “posible uso de información privilegiada” por parte de la vicepresidenta primera usando información del ministerio de Hacienda para “tratar de perjudicar a la oposición política” desvelando datos confidenciales de una inspección en curso –en referencia al caso de la pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, implicado en un supuesto fraude fiscal–. A lo que le añaden “escándalos de tráfico de influencias” por la asistencia financiera a ciertas empresas.
Además, en la moción registrada piden también una auditoría de todos los contratos realizados durante los estados de alarma desatados a raíz de la COVID-19, remitiendo toda la información al Tribunal de Cuentas para que realice un informe de fiscalización.
En un tercer punto exigen realizar también una revisión de la efectividad de la contratación centralizada y promover la derogación del artículo de medidas urgentes para la reactivación económica y el empleo, ya que a su juicio ha servido al Gobierno de “escudo” para no dar cuenta de ninguna información relativa al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
EL PP LO ACHACA A LA FALTA OPACIDAD DE TORRES
Por su parte, el PP aspira a que el Congreso inste a la asunción de responsabilidades políticas por parte del ministro de Política Territorial y del esto de altos cargos implicados en “este presunto caso de corrupción” con el fin de evitar que sus respectivas posiciones puedan afectar y perjudicar a la gestión y la reputación del ministerio de Torres y del conjunto de las instituciones.
Y es que, para el PP, Torres no puede continuar como ministro por “la inexistencia de explicaciones convincentes”, su “falta de transparencia”, su “opacidad” y sus “nulas intenciones de rendir cuentas” sobre los contratos adjudicados a la empresa vinculada a esta trama durante su etapa al frente del Gobierno canario.
Esto, unido al “nombramiento como director de su gabinete de uno de los implicados en la trama”, a su “más que evidente responsabilidad política como máxima autoridad del Gobierno de Canarias” y “su implicación directa a través del envío de mensaje a los cabecillas de la trama”, lleva al PP a considerar “injustificable su permanencia” en el Ejecutivo.
La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene un segundo punto que busca emplazar al Gobierno a asegurar que “cualquier investigación impulsada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por instancias judiciales, se lleve a cabo “de manera independiente y oportuna”, sin “interferencias ni presiones políticas de ninguna clase y contando con la colaboración de todas las administraciones afectadas”.
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