SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial juzgará a partir de este martes al director de la residencia de mayores de Puente Arce, al instalador de la caldera y a otro técnico de mantenimiento por la fuga de gas que se produjo en el centro en 2020 causando la muerte de dos ancianas y lesiones a otras cuatro.
El fiscal defiende que el escape “se generó por la acción y la omisión humanas” de los tres acusados, para los que pide de tres a cuatro de años de prisión, al considerarlos autores de delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave por los que serán juzgados a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Está previsto que el juicio continúe el miércoles 13 y el jueves 14 de marzo, en sesiones que comenzarán a las 9.30 horas.
Según recoge el escrito de la Fiscalía, en febrero de 2020 se produjo una fuga de monóxido de carbono, un gas letal, que procedía de una de las calderas. El escape, que duró dos días, se filtró al hueco de la chimenea y de ahí a los canales de ventilación, llegando hasta las habitaciones de algunas residentes.
Dos de ellas fallecieron y otras cuatro sufrieron lesiones que precisaron tratamiento médico posterior al de urgencias.
El fiscal explica que uno de los acusados había sido el encargado de reemplazar una caldera estropeada por otra y la instaló “incorrectamente y sin seguir las instrucciones del fabricante”, ya que la nueva estaba preparada para gas natural y debía ser adaptada para gas propano pero no lo realizó, “provocando con ello una mala combustión”.
Además, señala que el mantenimiento en el cuarto de calderas fue “defectuoso”, dado que los técnicos que mensualmente llevaban a cabo esas labores “nunca repararon la defectuosa conexión que existía entre la conducción de salida de humos de las calderas y la propia chimenea”. Y ello, a pesar de “estar a la vista en el propio cuarto de calderas el ‘apaño’ que había realizado la propiedad desde hacía ya varios años”.
En este sentido, insiste el escrito en que la propiedad había realizado una “defectuosa reparación” de la conexión entre la conducción de salidas de humos de las calderas y la propia chimenea, “colocando cinta americana y una red metálica, sin encomendar su adecuada reparación a técnicos especializados”.
Finalmente, también existió una “defectuosa contratación por parte de la propiedad del mantenimiento de las chimeneas”, al no constar que se hubiera contratado a una empresa especializada.
Por todo ello, considera el Ministerio fiscal que los tres acusados son autores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave.
PENAS
Para el director de la residencia, solicita cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación para administrar y dirigir centros geriátricos; para el instalador de la caldera, otros cuatro años de cárcel e inhabilitación para ejercer como instalador de gas, fontanería y calefacción; y para el técnico de mantenimiento, tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para las mismas funciones que el anterior.
En concepto de responsabilidad civil, pide que los tres sean condenados a indemnizar de manera conjunta y solidaria a los familiares de las fallecidas y a las lesionadas con 81.500 euros.
La acusación particular eleva la petición de pena a cada uno de ellos a cinco años de prisión y seis de inhabilitación para sus profesiones.
Por su parte, la defensa de los técnicos considera que no existió negligencia grave y sí “una cadena de irregularidades y errores, todos ellos menores y cada uno de ellos atribuible a una persona distinta, y es la producción conjunta de todos ellos lo que provoca el fatal desenlace”.
Finalmente, la defensa del administrador de la residencia señala que éste no ha intervenido en los hechos relatados, por lo que no ha cometido los mismos.
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