VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)
El director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez Juan, lamenta “la falta de planificación y una asignación adecuada de recursos” para la aplicación de la Ley Orgánica 2/23 del Sistema Universitario (LOSU).
Pérez Juan se ha pronunciado así con motivo de la clausura de la jornada ‘La universidad española: análisis, desarrollo normativo y retos para el 2024’, que ha reunido en València a directores generales de universidades de toda España. El encuentro se ha desarrollado en la NAU, sede histórica de la Universitat de València.
“Siempre es bueno propiciar espacios de debate y diálogo constructivo, como hacemos en la Comunitat Valenciana, en este caso para reflexionar la universidad, su situación y los retos a los que se enfrenta”, considera.
El director general ha afirmado que este tipo de jornadas “lanzan un poderoso mensaje de unión y compromiso, reflexión y trabajo, valores y principios fundamentales que son garantía de progreso, innovación y desarrollo que tiene la sociedad española en su conjunto”.
“Uno de los principales desafíos de las universidades es la aplicación de la LOSU y para todas las comunidades autónomas es común la percepción de que todavía hay mucha incertidumbre en torno a ella”, ha lamentado.
Así, Pérez Juan ha apuntado que “uno de los principales problemas es la financiación, ya que la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) obliga al Estado a asumir los costes de la nueva normativa estatal que afecte a competencias delegadas en las comunidades autónomas, pero en este caso no se ha tenido en cuenta”.
Ha añadido que cuando se habla de viabilidad de las instituciones no se está hablando sólo de dinero, “si no también de equidad en el acceso a la educación superior y de la estabilidad y certidumbre en el marco de la autonomía universitaria”.
Por ello, ha apelado a “promover la participación activa de todos los actores involucrados en el proceso educativo para encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de regulación y la preservación de la autonomía para alcanzar un sistema universitario más fuerte, inclusivo y de calidad”.
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