MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de Baleares de Francina Armengol emitió un informe en agosto de 2020 con el que certificó que el suministro de mascarillas ejecutado por una empresa supuestasmente involucrada en la trama del ‘caso Koldo’ se materializó “de manera satisfactoria”. Dos meses antes, sin embargo, recibió un informe que confirmaba que el material por el que se pagó 3,7 millones de euros del erario público era defectuoso.
El sumario del procedimiento judicial, al que tuvo acceso Servimedia, contiene un expediente del 12 de agosto de 2020 con el que el Ejecutivo socialista de Baleares avaló las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ por facturar 53 millones de euros con el suministro de material sanitario y presuntamente repartir comisiones ilegales.
El documento está firmado por el entonces subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de las Islas Balears, Antonio Mascaró Crespí. 65 días antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) hizo llegar al Gobierno de Armengol los resultados de los análisis de validez de las mascarillas.
“El resultado de dicho análisis es que ninguno de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2 y, en consecuencia, de su equivalencia KN95 que fue el tipo ofrecido y recibido por la empresa”, señala la propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato el texto.
Sin embargo, esta propuesta de reclamación no se registró hasta el 6 de julio de 2023, es decir, tres años más tarde y un día antes de que Marga Prohens (PP) tomara posesión como nueva presidenta de Baleares en sustitución de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y propone solicitar la devolución de 2,6 millones de euros, es decir, el 71% del importe pagado.
CONTRATO “PRECONCEDIDO”
Además de esta cuestión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó al juez un análisis en el que refleja varias críticas a la forma de proceder en la adjudicación. En primer lugar, señala que aunque la entrega de mascarillas se produjo el 27 de abril de 2020, no fue hasta el 29 de abril, dos días después, cuando se solicitó al órgano de contratación la declaración de tramitación de emergencia para el contrato. Y hasta el 4 de mayo, una semana más tarde, no se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se acordaba la tramitación de emergencia de dicho suministro.
“Es decir, la entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto”, concluyen los investigadores, que entienden que la adjudicación “es contraria” al artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
“Para más abundamiento en las irregularidades detectadas”, la UCO subraya que “no se ha localizado documentación” sobre la formalización del contrato en el que se recojan la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato, las condiciones de recepción de las prestaciones, “ni siquiera comunicación alguna entre las partes”. Tampoco se fija un responsable del contrato que supervise la correcta ejecución del mismo.
Todos estos detalles son exigencias de la propia Ley de Contratos del Sector Público y, a juicio de la Guardia Civil, “es indiciario que la adjudicación estaría preconcedida, cosa que no estaría permitida en la Contratación Pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia”.
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