MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió este miércoles que la Ley de Familias, aprobada este martes por el Consejo de Ministros en segunda vuelta, supone “un primer paso en la dirección adecuada de la protección económica y social de las familias en España” y advirtió de que va a “pelear cada día que esté en el cargo” por la articulación de una prestación universal por crianza.
Así lo aseguró en el transcurso de una entrevista en laSexta recogida por Servimedia en la que explicó que este proyecto de ley que su departamento ha “retomado” pretende “atajar una de las principales dificultades y problemas que tienen los españoles y españolas en su vida cotidiana”, como son, a su entender, “las dificultades económicas y de conciliación para formar una familia”.
“No puede ser que la decisión de formar una familia o las condiciones en las que crecen los niños y las niñas en nuestro país dependan de la renta, del patrimonio o de si una familia hereda o no hereda”, aseveró, convencido de que se trata de “una cuestión de libertad, de igualdad y de justicia social”.
A este respecto, admitió que las familias monoparentales son “una de las principales tareas pendientes de la protección social en España”, dado que se encuentran en “mayor riesgo de exclusión y de pobreza” y, además, “el 80% de ellas tienen al frente una mujer, son familias monomarentales”.
En este sentido, el titular de Derechos Sociales subrayó que la nueva norma, “por primera vez”, les otorga “reconocimiento jurídico”, pues estarán amparadas por un título de familia monoparental, y, además, tendrán “una consideración prioritaria” para el acceso a la vivienda, la educación o las prestaciones sociales y aquellas con dos o más hijos serán “equiparadas” a las familias numerosas, lo que, según sus cálculos, beneficiará a unas 300.000 familias.
PRESTACIÓN POR CRIANZA
Por lo que se refiere a la prestación por crianza, Bustinduy precisó que la ley “formaliza algo que ya casi existe de manera universal en la práctica”, como es una prestación de ayuda a la crianza entre los cero y los tres años “para que pueda acompañar a las familias en el desarrollo de los primeros años de vida de sus hijos y sus hijas”.
Tras considerar que, pese a todo, “esto es un paso del todo insuficiente”, estimó que “no puede ser que un país como España, la cuarta economía de la zona euro, una democracia que se considera avanzada, tolere los índices y los números de pobreza infantil que tenemos”, convencido de que “una de las herramientas para abordar eso es que en España exista una prestación universal a la crianza”.
“Esto no está en el acuerdo de Gobierno ni en esta ley, es una convicción que nosotros defendemos y que yo voy a pelear cada día que esté en el cargo”, puntualizó, para, a continuación, recordar también que, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Sumar va a “defender que se pueda extender esa ayuda hasta los seis años”.
A su juicio, “sería un primer paso, insuficiente, pero, por lo menos, en la buena dirección, que es que en España un día haya una verdadera prestación universal por crianza”.
PAREJAS DE HECHO
Por último, en cuanto a la protección de los aproximadamente 1,8 millones de parejas de hecho que hay en España, el ministro se congratuló de que, “por fin”, la ley va a “garantizar la plena equiparación jurídica” de sus derechos con los de los matrimonios.
“Esto va a afectar a las pensiones, a las pensiones de viudedad, pero también a las prestaciones de Seguridad Social o a los permisos laborales”, abundó, sabedor de que “era una obviedad y una demanda social” que “no debe depender de la fórmula que se elija para vivir en pareja los derechos que van aparejados a ello”.
Por todo ello, valoró la aprobación de esta ley, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, como un “importantísimo paso adelante” teniendo en cuenta que dará “reconocimiento jurídico y atención a las necesidades específicas de los distintos tipos de situación familiar que hay en España” con el fin de “garantizarles igualdad efectiva y práctica de derechos”.
En este contexto, afirmó que “no entendería” que “ninguna fuerza política estuviera en contra”, dado que el texto recoge “avances tangibles y concretos de mejoras de la vida cotidiana de la gente en aspectos muy importantes”.
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