ALMERÍA, 28 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha resuelto endurecer el trámite ambiental para la modificación del planeamiento urbanístico propuesta por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) con el fin “de regular” la implantación de nuevos invernaderos sobre “suelo no urbanizable”, ya que afecta a terrenos forestales con gran “valor ambiental” que están incluidos en “zonas de especial protección (ZEC)”.
En concreto, según recoge la documentación consultada por Europa Press, el cambio de normativa, propuesto en 2021, “resultaría de aplicación” en varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 como en 638 hectáreas de terreno forestal en la ‘Serreta de Cabo de Gata’ 4.460 hectáreas de las ‘Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla’, y unas 28.000 hectáreas del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
La administración autónomica sostiene que, si bien la modificación de la ordenanza del PGOU, “no supone en si misma ningún impacto”, lo que se pretende con la innovación es “promover” la instalación de invernaderos “de manera general en los suelos no urbanizables” del término municipal.
“Los impactos ambientales serán los generados por los proyectos que en su día se presenten y posteriormente se ejecuten para cada instalación individualmente o en conjunto si generasen efectos sinérgicos, pero consideramos que la identificación y la valoración del impacto ambiental que pueden sufrir tanto los factores bioticos (flora y fauna), como los abioticos; agua y la tierra ha sido deficiente”, señala.
El documento de alcance del estudio ambiental estratégico apunta “especialmente” al agua “por ser un recurso singularmente escaso” y remarca que “debería ser un factor limitante en la promoción e instalación de nuevos invernaderos” y traslada “inquietud y dudas” respecto a la evaluacion que se haya podido hacer de cuáles son “las posibles repercusiones de esta innovación del PGOU” de Níjar “en el medio ambiente”.
La Junta indica que “no se establece discriminación alguna por categorías de suelo no urbanizable” y remarca que la proliferación de la agricultura intensiva en el entorno de las zonas de especial protección de ‘Serrata de Gata’, ‘Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sierra Alhamilla” y Cabo de Gata-Níjar, en especial bajo la modalidad de cultivos bajo plástico “se encuentran entre las principales presiones y amenazas identificadas” en sus planes de gestión.
A esto suma la “apertura de nuevos accesos, los tendidos eléctricos aéreos, la construcción de infraestructuras e instalaciones asociadas y la sobreexplotación de los recursos hídricos”, por lo que señala que “la innovación urbanística planteada, considerada individualmente, podría afectar de manera muy apreciable, de forma directa e indirecta, a los objetivos y prioridades de conservación”.
Con respecto al parque natural de Cabo de Gata hace un matiz ya que prevalecería lo dispuesto en el PORN, que solo lo permite en zonas C2, y los expedientes de licencias en materia urbanística que tramite la corporación municipal para actuaciones promovidas dentro del espacioprotegid deben integrar un informe de la consejería “de carácter preceptivo y que será vinculante en el caso de resultar desfavorable”.
La Junta añade, por otro lado, que, aunque “es probable que la modificación ‘per se” no produzca “efectos significativos sobre la salud de la población”, si hace hincapie en que su “objetivo principal es mantener, aclarar y facilitar el modelo de economía basado en la agricultura intensiva y de plástico”.
Al hilo de esto, considera que ha de tenerse en cuenta que la “apuesta por mantener el modelo de economía basado en la agricultura intensiva, si bien es indudable que generará empleo y crecimiento económico, también es posible que pueda generar una limitación al crecimiento urbano, puesto que acerca estas construcciones agrícolas al suelo urbano y por tanto deja poco margen de creación de nuevos suelos en caso necesario”.
Apuntan desde la Delegación de Salud, que aporta consulta la tramite, que especial atención “se debería prestar a los suelos residenciales, puesto que quizás sean desplazados principalmente al entorno del litoral, con un potencial destino turístico y que es probable que no estén al alcance de gran parte de la población del municipio”.
“En ese sentido quizás sería conveniente que se incluyera una valoración sobre las necesidades de vivienda de la población , en especial de las personas con dificultades para acceder a una vivienda digna y de las personas a las que va dirigida esta modificación, en especial a los trabajadores de invernaderos y empresas agroalimentarias”, destaca.
La documentación subraya, asimismo, que “por el momento, se desconocen los posibles impactos sobre la salud de la población que reside y habita en el entorno de estas instalaciones derivados de la calidad del aire, paisaje que le rodea, el efecto ‘isla de calor'”, por lo que estima “adecuado” que se valore “esta cuestión” en el trámite.
Por último, la Junta traslada que, si bien la modificación establece requisitos para que las nuevas construcciones agrícolas justifiquen la suficiencia de recursos hídricos e incluso tengan instalado una sistema de recogida de aguas pluviales, “sería necesario que se justificara la suficiencia de recursos hídricos a nivel global teniendo en cuenta la prevalencia de usos agrícolas, ganaderos y turísticos de la provincia de Almería”.
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