MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, defendió este viernes en el Foro de la Nueva Economía que una operación como la entrada accionarial anunciada de la SEPI en Telefónica se haga “con la máxima discreción” y con el ritmo que decidan quienes han diseñado la adquisición.
Durante su participación en este encuentro informativo que organizó Nueva Economía Fórum en Madrid, Escrivá se mostró partidario de la entrada del Gobierno en Telefónica e Indra, una participación que dijo que es “mínima” y que tiene analogía con otras existentes en otros países de nuestro entorno con presencia estatal en empresas de telecos.
En concreto, sobre el desembarco que proyecta el Estado en Telefónica a través de la SEPI con la adquisición de hasta un 10% de las acciones, señaló que ha trabajado en un banco diez años y una parte importante de ese tiempo en el área de ‘corporate investment banking’, lo que le lleva a mantener que “sobre este tipo de operaciones hay que dejar a los que han estructurado la operación que la vayan desplegando a su ritmo y con la máxima discreción”.
Al ministro se le preguntó por la posición que va a mantener el Ejecutivo ante la fusión de Orange España y MásMóvil, que ahora está pendiente de su autorización después el plácet que ya ha recibido de Bruselas.
Ante un auditorio en el que estaban presentes, entre otros, los consejeros delegados de estas dos compañías, Ludovic Pech y Meinrad Spenger, respectivamente, el ministro comenzó valorando la importancia de que la Comisión Europea haya incluido entre los ‘remedies’ para permitir la ‘joint venture’ la cesión de espectro, que es “un bien escaso” de propiedad estatal que se ofrece en concesión a las empresas.
Aseguró que el Gobierno está ya examinando “con el máximo cuidado”, “interés” y “responsabilidad” la fusión, porque este tipo de procesos corporativos en marcha tienen una dimensión importante. “Afectan al 75% del mercado de las telecomunicaciones en España y a dos tercios del espectro”, remarcó. “Ahora es nuestro momento, y lo estamos examinando con el máximo cuidado, como no puede ser de otra forma, nos lo exige la ley de telecomunicaciones por el carácter estratégico, y el borrador del libro blanco sobre plataformas digitales que está en proceso (en Bruselas), en el que se nos empuja a los países a que todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y las redes tiene que mirarse desde el punto de vista de la seguridad económica europea y nacional”.
El titular de Transformación Digital aprovechó este evento para elogiar la labor que están haciendo las telecos en España y su aportación a que España esté entre los países más avanzados del mundo en conectividad.
“Es fundamental que al sector de las telecomunicaciones se le evalúe desde una perspectiva estratégica, porque ellos son los que al final mantiene esta infraestructura y todo lo que se ha desarrollado se ha basado en tener grandes operadores de telecomunicaciones, que han apostado por esa visión de medio plazo por tener esas infraestructuras”, resaltó Escrivá.
VETO CHINO
Por otro lado, en su intervención reafirmó, aunque con palabras más categóricas, lo que dijo en su primera comparecencia en el Congreso como ministro de Transformación Digital de que el Gobierno no va a elaborar una lista de proveedores vetados para el despliegue del 5G, que se barajó la pasada legislatura con Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Si en la Cámara Baja dijo que el Ejecutivo se decanta por decidir “caso por caso” ante cada convocatoria y no ve preciso identificar ‘ex ante’ a ningún operador concreto, este viernes fue más tajante: “España no tiene ninguna intención de hacer un listado de proveedores de alto riesgo ni hay ningún marco europeo que se lo exija”.
Por otro lado, el ministro reiteró su propósito de aprobar esta legislatura una normativa sobre sostenibilidad de los centros de datos por el elevado consumo de recursos energéticos que hacen, como el agua.
También pidió a las comunidades autónomas que quieran tener centros tecnológicos de primer nivel mundial que se sumen al Estado en la aportación de recursos públicos como han hecho la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para que esta ciudad sea sede de un centro de microelectrónica del prestigioso Imec francés.
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