CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)
El profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Bueno ha recibido el Premio Frank Moderne por su trabajo de investigación sobre ‘la burocracia defensiva’. El galardón, que reconoce trabajos de investigación que contribuyan al buen gobierno y a la buena administración, ha sido concedido por la cátedra Rafael del Riego y Buen Gobierno, creada por la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias.
Tal y como ha detallado la institución universitaria en una nota, el trabajo, que ha recibido una dotación de 2.000 euros, será publicado como monografía dentro de la colección ‘Derecho, Buen Gobierno y Transparencia’ de la editorial Marcial Pons.
El premio ha sido entregado en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo por el rector de esta institución académica, Ignacio Villaverde; la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez, y el director de la cátedra Rafael del Riego y Buen Gobierno, Abel Arias.
La burocracia defensiva, o ‘miedo a la firma’ es, en palabras de Bueno, un fenómeno detectado en Italia, que podría estar presente en España y que “lleva a que los empleados públicos no quieran ejercer sus potestades por miedo a las consecuencias desfavorables que ello podría acarrear directa y personalmente “.
Según ha destacado el profesor de Derecho Administrativo, el fenómeno podría abarcar desde anécdotas menores a situaciones graves y “entraña un elevado riesgo de paralización de la actividad administrativa”. La burocracia defensiva, explicaría, por ejemplo, “que un profesor o una profesora no se atrevan a calificar un examen con un 4,8 o un 4,9, aunque crean que es la nota justa y que el examen debe estar suspenso, por temor a todas las molestias que esta situación les ocasionaría”, ha subrayado.
A mayor escala, “sería también el motivo por el que en Italia queden cientos de millones de euros de fondos europeos sin ejecutar, debido al temor de los empleados públicos a incurrir en algún error en su tramitación por el que posteriormente se les pudiera reclamar responsabilidad contable directa o responsabilidad penal”, ha concluido el profesor.
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