CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este viernes “dejar que trabajen los jueces y en función de lo que vayan decidiendo, ya se tomarán las decisiones”, tras ser preguntada por si tomarán alguna medida contra el capitán de la compañía de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X a la que pertenecían los dos militares fallecidos por ahogamiento a finales de diciembre en un ejercicio en la base de Cerro Muriano, así como un teniente y un sargento, imputados los tres por la supuesta comisión de un delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio.
En declaraciones a los periodistas en la propia base, en Córdoba, donde ha asistido a la toma de mando del nuevo general jefe de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, el general de brigada Fernando Ruiz Gómez, Robles ha expresado que “el procedimiento judicial tiene una serie de fases”, de manera que “ahora vamos a dejar trabajar a los jueces poniendo de nuestra parte todo lo necesario para que en este caso el juez que instruya o en su caso cuando llegue a instancias superiores puedan tener todos los elementos de juicio necesarios”, ha dicho.
Preguntada por si teme que haya habido negligencias graves en el ejercicio que acabó con la muerte de los dos militares tras la imputación de los tres mandos por la justicia militar, la ministra ha manifesado que, “por profesión y convicción”, cree “plenamente en la justicia”, de manera que ha defendido que “la justicia llegará hasta el final”.
Además, ha mantenido que “la justicia, los familiares y todo el mundo tiene que saber que van a encontrar siempre la colaboración total y absoluta desde esta Brigada”, a lo que ha añadido que va a volver a reunirse “con los militares que ese día estuvieron en el lugar de los hechos, para que sin ningún tipo de miedo, ni corta pisa, puedan contar absolutamente la verdad y colaborar con la justicia”.
Asimismo, la ministra ha remarcado que “sólo y exclusivamente corresponde a la justicia determinar responsabilidades y los demás pueden especular, hablar y pensar, pero en un Estado de derecho los únicos que determinan las responsabilidades son los jueces”. “Por eso es tan importante que todos los que aquel día estuvieron colaboren con la justicia”, ha insistido, para apostillar que “van a encontrar el apoyo de todos nosotros para que cuenten todo lo que ocurrió aquel día”.
Entretanto, Robles ha tenido palabras de recuerdo y homenaje para el cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, aseverando que está “completamente segura de que el nuevo general es absolutamente imprescindible en todo el esclarecimiento de los hechos”, y ha trasladado “el apoyo total y absoluto a las familias del cabo y el soldado fallecido”, porque “queremos que se esclarezca la verdad”, dado que “toda la Brigada es un ejemplo de compromiso, formación y servicio a España”, de modo que confía “plenamente en los hombres y mujeres de esta Brigada”.
Según ha expuesto, “el mejor homenaje que podemos hacerle al cabo y al soldado fallecido es que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos”, al tiempo que ha resaltado que “la responsabilidad en su caso, si las hubiera, podrían determinarla los jueces, que son los únicos que pueden determinar responsabilidades”.
EL CASO
Mientras, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido una providencia, con la que ante las nuevas diligencias solicitadas por las partes del caso, expone que “no ha lugar a pronunciamiento” alguno hasta que se determine cuál es el órgano judicial competente para investigar el asunto, pues dicha instancia se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, extremo recurrido por las familias de los fallecidos ante la Audiencia, en demanda de que la instrucción permanezca en la jurisdicción Penal y no sea trasladada a la Militar.
La citada providencia fue dictada el pasado 9 de febrero, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, en un marco en el que la defensa del capitán del Ejército de Tierra investigado en la causa ha alegado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está “regulado específicamente en ninguno de los casi 300 manuales de un informe del Estado Mayor”.
Al hilo, la representación letrada de la familia del soldado Carlos León Rico, de 24 años, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar en esta maniobra en la base de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X de Cerro Muriano, ha manifestado su respeto pero ha señalado no compartir las tesis de la defensa.
El abogado penalista Luis Romero, que representa a los padres del difunto soldado Carlos León Rico, ha explicado a Europa Press que en cualquier caso, en los “más de mil folios” de atestados elaborados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de este caso, pesan testimonios y pruebas que acreditarían una “absoluta falta de medidas de seguridad para evitar estas muertes”, señalando las declaraciones de efectivos según los cuales ante las condiciones y dificultades que afrontaban los soldados para cruzar el lago artificial, “los subalternos” del capitán aconsejaron al mismo “parar” la maniobra, decidiendo no obstante el citado mando continuar con el ejercicio.
Dicho letrado ha manifestado además que está contando con la “ayuda e ilustración” de “militares de muy alta graduación” que están aportando perspectivas y documentos a la acusación particular, “para que se haga justicia y no vuelva a ocurrir” una situación como la que se investiga, según sus palabras.
Además, Luis Romero ha ratificado los motivos de su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba de inhibirse en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, una decisión que apoya la Fiscalía.
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