La Consejería de Universidad buscará “el más amplio consenso” sobre la LUPA para que sea una ley de “máximos”
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Abdalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado este martes en comisión parlamentaria sobre los objetivos básicos de la futura Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que propondrá, entre otras medidas, requerir el dominio del idioma a los docentes que accedan a la universidad, de modo que para poder concursar al cupo de profesores titulares se tenga, al menos, el nivel B2. No obstante, el consejero ha precisado que habrá “una situación de tránsito”.
Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Cámara andaluza, en la que el consejero también ha destacado que su departamento buscará “el más amplio consenso” para que la LUPA pueda convertirse en una “ley de máximos, con capacidad de perdurar en el tiempo gracias a la aplicación de medidas que sean de utilidad real para nuestro sistema universitario”, según lo recogido por la Junta en una nota de prensa.
De este modo, ha indicado que en el borrador inicial de la nueva ley autonómica, un texto sobre el que la Consejería ha mantenido una reunión de trabajo de dos días con los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía, así como una primera ronda de contacto con los Consejos Sociales, los estudiantes, y que continuará este miércoles con los sindicatos, se marcan una serie de objetivos básicos que pasan por “potenciar la internacionalización del sistema de educación superior, mejorar y estabilizar la carrera académica, favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, incrementar los derechos del estudiantado e impulsar la transparencia de las universidades”.
En el ámbito de la internacionalización, el consejero se ha referido también, junto a la propuesta de exigir el nivel B2 de idiomas, a la pretensión de fomentar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para proyectar al exterior el sistema público universitario, “independientemente de la autonomía de cada una de nuestras universidades”.
Sobre las plantillas, el borrador incluye igualmente regular la formación docente inicial del profesor, permitir que estos puedan adscribirse temporal y parcialmente a otras administraciones públicas para el perfeccionamiento profesional o limitar el uso de la figura del profesor sustituto. Además, plantea abrir la puerta a nuevos perfiles de personal docente “con el fin de lograr la excelencia académica” y, en lo relacionado con el personal técnico de administración y servicios, “profesionalizar la gestión universitaria a través de la carrera horizontal”.
En relación con los estudiantes, el consejero de Universidad ha resaltado que la futura legislación tiene la intención de recoger los derechos en materia de bonificaciones, reforzar el papel del Consejo Asesor de Estudiantes y, de manera prioritaria, la atención a la diversidad, garantizando la adaptación curricular con una mirada específica a los miembros de la comunidad universitaria con capacidades diferentes.
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha añadido que prevé también la creación de un observatorio de datos que permita la transparencia a la vez que facilita la evaluación de los resultados de las universidades, al tiempo que se refuerza la misma a través de la creación del Consejo de Transparencia e Integridad. Adicionalmente, la ley recogerá también la creación del cuerpo de inspectores de educación superior o el fomento de la figura de los colaboradores expertos.
El consejero ha resaltado el fortalecimiento del papel de la transferencia del conocimiento flexibilizando la compatibilidad del Personal Docente e Investigador (PDI) para labores de transferencia y mediante el reconocimiento de esta actividad como esencial, tanto en la acreditación del profesorado como en su remuneración vía complementos autonómicos. Del mismo modo, el PDI podrá realizar tareas de dirección de centros públicos de investigación distintos a su universidad o de instalaciones científicas o de programas y proyectos, tareas por las que el personal podrá percibir un complemento económico, mientras que las universidades podrán establecer complementos salariales por especial relevancia en la transferencia del conocimiento en casos altamente destacados.
Gómez Villamandos ha apuntado así que hay que “generar estos cambios normativos necesarios para que nuestras instituciones de educación superior puedan ser más competitivas”, unos cambios que requieren de “diálogo y consenso” porque “no nos podemos permitir poner en marcha una norma de esta envergadura de espaldas al conjunto del sistema”.
“Lo hemos visto con la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que contó con el rechazo de las universidades españolas y de muchas comunidades autónomas”, ha manifestado el consejero, quien ha recordado que en su día ya se advirtió al Gobierno de que la LOSU “no afrontaba de cara los retos de nuestras universidades y de que iba a generar unos costes inasumibles”. De esta forma, ha insistido en que “ni aun así quisieron rectificar antes de someterla a la voluntad de las Cortes Generales y, ahora, el propio Gobierno con la nueva ministra, se ha visto obligado a replantear su calendario de implantación y a consensuarlo en una mesa de trabajo con las comunidades autónomas”.
Al respecto, Gómez Villamandos ha recordado que la LOSU ya tuvo una primera consecuencia legislativa en Andalucía, donde hubo que modificar el artículo 40 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para recuperar la categoría laboral de profesorado contratado doctor, un perfil muy presente en las plantillas docentes de las universidades públicas, garantizando ahora su estabilidad y evitando que tengan que acreditarse en otra categoría. Además, ha añadido que se creó la figura del ayudante doctor vinculado al sector clínico, “una importante novedad a través de la cual permitiremos iniciar la doble carrera asistencial y académica desde etapas profesionales tempranas y que tiene como fin paliar el déficit del profesorado universitario en las instituciones sanitarias”.
En definitiva, el titular andaluz de Universidad ha incidido en que se trata de un texto que “será consensuado, contando con las aportaciones de los rectores, de los estudiantes y del conjunto del personal a través de sus representantes”. Asimismo, “confío en que durante la tramitación de la ley, el texto siga con su proceso de enriquecimiento con las distintas aportaciones de los grupos parlamentarios”, ha concluido Gómez Villamandos, que considera que existe “una oportunidad histórica” para que la LUPA se convierta en la norma universitaria “de referencia” para nuestro presente y nuestro futuro inmediato”.
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