SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado al colectivo de los jóvenes andaluces como “los más beneficiados” de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo, aprobada este martes en el Consejo de Ministros.
Según ha detallado Fernández, “los jóvenes andaluces tienen una tasa de paro superior a la media nacional, unos salarios menores y, en contra, un aumento del precio de alquiler dos puntos por encima de la media nacional, lo que dificulta aún más sus posibilidades de acceder a la compra de una vivienda”.
Con esta situación, el delegado ha explicado que “un joven andaluz tan sólo puede alquilar una vivienda de hasta 36 metros cuadrados, utilizando el 30% de su salario para dicho fin, que es lo establecen las entidades reguladoras”, por lo que ha insistido en que la medida aprobada en Consejo de Ministros “ofrece una nueva perspectiva de futuro a los jóvenes andaluces, de quienes el Gobierno se convertirá en su avalista”.
“Damos nuevamente cumplimento al compromiso de convertir la vivienda en otro pilar del Estado de Bienestar, siendo consciente de cómo afecta el problema de acceso a la vivienda en determinadas zonas y especialmente al colectivo de jóvenes que, por no contar con ahorros previos o con avalista, no podían firmar una hipoteca”, ha agregado.
Estos datos de la situación del colectivo se extraen, ha comentado, del informe del Consejo de la Juventud de Andalucía, “órgano de participación, representación y consulta en el desarrollo de políticas de la Junta de Andalucía en materia de juventud”, por lo que ha recomendado a la administración autonómica que se convierta en “aliada del propósito del Gobierno de España y acompase medidas que vengan a reforzar la aprobada en Consejo de Ministros”.
Del mismo modo, ha reclamado a la Junta que “agilice el trámite del Bono Alquiler Joven para que el colectivo tenga el respaldo que necesita y, como gestor público, disponga los medios necesarios para que los demandantes vean cumplido su deseo de poder disfrutar de una vivienda digna”.
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