SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha pedido este martes al Gobierno central “una ampliación de los plazos” para la gestión de los fondos europeos ya que, “la pésima” actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “dificulta que se puedan llevar a cabo en tiempo y forma”. En concreto, ha alertado de que 17,5 millones de euros “están en riesgo” ya que los ayuntamientos no cuentan con plazo suficiente para la ejecución de inversiones en materia de accesibilidad y por tanto podrían tener que devolver los recursos debido a la “falta de transparencia” del Gobierno al respecto.
En comisión parlamentaria, la titular de Inclusión Social ha realizado un balance de la gestión de su departamento de los fondos europeos Next Generation, que “no han contado con una estrategia de cogobernanza, flexibilidad y transparencia” por parte del Gobierno, cuyas herramientas para ello han generado retrasos e incertidumbre.
Así, López ha advertido de las consecuencias que acarrearía para las entidades locales la devolución de estos fondos, al tiempo que ha recordado que “no fue hasta octubre de 2023 cuando se aprobó por parte de las autoridades europeas la prórroga del actual plazo, el cual vence el próximo 31 de marzo de 2024, pese a que fue en diciembre de 2022 cuando el Gobierno empezó a negociarla con la UE”. Esto ha devenido en prácticamente diez meses de “gran incertidumbre” entre los gestores de estos fondos, incluidos los ayuntamientos andaluces, que “no sabían si iniciar o no las obras financiadas con estos fondos”, según ha recalcado la consejera.
“El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue muy irreal desde sus planteamientos” y no se pudieron cumplir los plazos, lo que derivó en la solicitud de la prórroga a Bruselas a petición de las comunidades autónomas”, ha recalcado, señalando que la distribución de fondos ha llegado de forma “muy tardía” y con herramientas de implementación como el Coffee-MRR, que ha causado muchos retrasos y fallos.
Todo ello constituye, a su juicio, “un cúmulo de retrasos que está poniendo en peligro la ejecución de los proyectos financiados por la Unión Europea y por eso se ha reclamado al Gobierno de España una ampliación de los plazos y que las herramientas de gestión no sean un obstáculo para la ejecución de estos programas”.
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