En 2023 se hicieron 17 inspecciones a ocho compradores de leche para velar por el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria (PP) se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con la aplicación de las ‘cláusulas espejo’ que pide el campo, que consisten en que los productos que se importen a la Unión Europea se hayan elaborado en las mismas condiciones que se exigen a los agricultores y ganaderos del continente.
“Hay que evitar la competencia desleal y exigiremos al Gobierno de España que actúe en este sentido en los acuerdos internacionales de comercio. No se puede permitir que el mercado se inunde con productos agrícolas baratos conseguidos a través de prácticas no permitidas a nuestros productores”, ha defendido el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, en el Pleno del Parlamento de este lunes.
Palencia, que ha respondido a una interpelación de Vox sobre los planes del Ejecutivo regional en defensa del sector primario, ha sostenido que la ecología “no es enemiga de la agricultura ni de la ganadería” y ha defendido que se proteja el suelo –“nuestro mejor recurso”–, “pero no a costa de la renta de los ganaderos”. Además, ha remarcado que los productores locales mantienen prácticas “respetuosas”.
Entre los planes de la Consejería, según ha dicho, está la intención de proponer una simplificación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) cuando se ejecute la siguiente modificación, aunque ha reconocido que es un proceso “complicado y laborioso”.
Además, dentro del proceso de simplificación que el Gobierno regional está acometiendo en toda la administración se contempla también reducir los trámites burocráticos en este área para evitar duplicidades y facilitar las labores a los ganaderos.
Asimismo, Palencia ha indicado que se está elaborando la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para poder fortalecer los controles de la Ley de la cadena alimentaria.
Controles que, según ha dicho, “debido al Gobierno anterior (PRC-PSOE), están bajo mínimos”. En concreto, en 2023 se realizaron un total de 17 inspecciones a ocho primeros compradores de leche, cinco de ellos de vaca, dos de cabra y uno de oveja, ha detallado el consejero, asegurando que es “una prioridad” del Ejecutivo actual “hacer cumplir la ley y que el precio del producto no esté por debajo del coste”.
En su interpelación, Vox ha criticado que los representantes del sector ganadero “llevan casi dos semanas sin ser escuchados” por el Gobierno –algo que ha negado Palencia, asegurando que se ha reunido con todas las organizaciones “salvo la que viene de Vox, que no ha pedido ninguna reunión”– y ha lamentado que han cobrado “mucho menos de lo esperado” con la nueva PAC.
Ante las críticas al Ejecutivo regional, el consejero ha replicado que Vox “ha sido el socio necesario” del Gobierno central “para todo lo que está pasando” por no votar a favor de determinadas iniciativas impulsadas por el PP. “Ni votan cuando se pide más dinero para el campo”, ha dicho.
PROYECTOS AYUDAS CHAFEA
Por otro lado, Palencia ha respondido a preguntas del PSOE sobre la actuación del Gobierno en torno a las ayudas de la UE para la promoción de productos alimentarios, dotadas con más de 180 millones de euros. En este sentido, el consejero ha subrayado que el Ejecutivo del PP está “poniendo solución” a la labor de los gestores anteriores, ya que la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria “no había participado hasta la fecha”.
En concreto ha aludido a las ayudas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación de la UE (CHAFEA), a las que no habían concurrido “ninguno de los gobiernos anteriores”, siendo “la única comunidad” que no presentó ningún proyecto pese a ser financiación para iniciativas “de vital interés para la comunidad autónoma”.
Para corregirlo, se está realizando una revisión de los proyectos “potencialmente aplicables y de interés” y paralelamente estudiando productos que podrían ser solicitantes, ha indicado el titular de Desarrollo Rural.
CAD SIERRALLANA
Antes que Palencia ha intervenido en la sesión la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, también para responder a preguntas del PSOE, que ha vuelto a llevar al Pleno la contratación de personal externo de una empresa privada que tuvo lugar durante algunos días de diciembre para prestar servicio en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana.
Los socialistas han mostrado su preocupación porque algo excepcional pueda volverse “costumbre” con la gestión del PP, y han pedido que “no se vayan instaurando costumbres que después acaban en privatizaciones o recortes”, porque “se empieza con dos enfermeros y por 43 horas y se acaba por cerrar centros de atención a la dependencia”. “Precedentes tenemos”, ha sentenciado la diputada Nórak Cruz.
Sin embargo, la consejera ha reiterado, como dijo en el Pleno el pasado lunes, que se optó por contratar a ese personal externo durante 43 horas porque “no teníamos personal en ese momento seleccionado por el Gobierno de Cantabria para realizar tales funciones”, y “se analizó jurídicamente poder hacer llamamientos de personal usando las listas del Servicio Cántabro de Salud” pero se concluyó que “no era ajustado a derecho”.
Al hilo, ha incidido en que lo ocurrido “no es una privatización”. “Privatizar es lo que ustedes hicieron con Santa Teresa, o quizás se les ha olvidado”, ha replicado a los socialistas.
Finalmente, Gómez del Río ha recalcado que se está modificando la relación de puestos de trabajo del CAD de Sierrallana al igual que del resto del Gobierno de Cantabria, para adecuar las funciones y no dejar un documento “a medias sin tramitar”. “Seguiremos prestando un servicio público de calidad, prestando atención a las personas”, ha concluido.
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