MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La juez que admitió a trámite la querella de Julio Pacheco por las presuntas torturas que sufrió en 1975 tras ser detenido por miembros de la Brigada Político-Social ha preguntado a la Fiscalía si debe archivar la investigación de la causa por “posible prescripción” de las torturas o si sigue adelante con el procedimiento.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 50 de Madrid, Ana María Iguácel, ha dado traslado al Ministerio Público para que en 10 días “alegue lo que a su derecho convenga sobre la posible prescripción del delito imputado” a los agentes Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz, José María González Reglero y José Manuel Villarejo.
La juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie después de que el pasado septiembre tomara declaración a Pacheco. En aquella ocasión, el hombre ratificó el contenido de su querella: que le detuvieron en su piso de Lavapiés cuando tenía 19 años, militaba en el PCE y era miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
Según explicó en su querella, su detención se debió a un atentado que se había producido días antes contra un teniente. Aseguró que fue conducido a dependencias policiales donde permaneció siete días en los que –según denunció– sufrió torturas durante el interrogatorio.
A su salida del juzgado, en declaraciones a la prensa, Pacheco dijo sentirse “muy contento” por ser la primera vez que uno de los denunciantes de torturas del franquismo comparecía en sede judicial para dar su testimonio tras haberse presentado ya unas 100 querellas.
APOYO DE LA FISCALÍA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) recalcaron también que aquella era “la primera vez que en el marco de un proceso penal” se tomaba declaración a un querellante que hubiese denunciado “un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad”.
Aquella vez también fue la primera que asistió a un procedimiento una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática que Dolores Delgado puso en marcha este año. La representante de este departamento del Ministerio Público acompañó ese día al fiscal provincial de Madrid designado.
Jacinto Lara, abogado del denunciante, dijo a la prensa que valoraba “positivamente” que la fiscal de Memoria Democrática hubiese estado presente en la declaración.
Cabe recordar que en el marco de estas diligencias, la juez acordó oficiar al Archivo Histórico Nacional para que enviara al juzgado los antecedentes documentales del caso denunciado y a la Dirección General de la Policía para que remitiera el expediente policial completo del denunciante y los datos de filiación de los cuatro policías señalados.
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