CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera en Granada de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y en colaboración con Agentes del Seprona de la Guardia Civil, en cumplimiento del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), dentro del ámbito de la línea de comercialización-mayoristas, incautaron los pasados días 16 y 30 de Enero en Mercacórdoba, un total de 630 kilos de pulpo de roca (Octopus vulgaris) ilegales, así como 480 kilos de pescado caducado sin trazabilidad, principalmente lubina (Dicentrarchus labrax), salmón (Salmo salar) y atún (Thunnus thynnus) en menor medida.
Las actuaciones citadas han tenido más consecuencias, ya que, tras la investigación realizada sobre la procedencia del pulpo mencionado, se han derivado otras inspecciones con el objetivo de actuar sobre los canales de comercialización, de manera que la captura de ejemplares de talla no reglamentaria no sea rentable por carecer de salida comercial.
Según informa la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Córdoba en una nota de prensa, el pulpo decomisado se entregó al Banco de Alimentos para su consumo, puesto que la mercancía era apta para el consumo, mientras que el pescado caducado fue destruido en la nave destinada a tal efecto existente en Mercacórdoba.
La especie decomisada (Octopus vulgaris) presenta, según establece la normativa vigente, una talla mínima de un kilogramo, la cual, no se alcanzaba en el caso de las partidas de inmaduros incautadas, que no superaban los 700 gramos de peso medio. Estas restricciones de talla mínima para la captura de la especie pretenden garantizar, entre otras, una explotación sostenible de la misma, haciendo posible la reproducción y el mantenimiento de ésta en niveles que procuren su continuidad y existencia.
Para el caso del salmón, la lubina y el atún, éstos se encontraban sin ningún tipo de identificación, resultando imposible verificar la trazabilidad de los mismos, infringiéndose los cauces legales para su comercialización y excluyendo los controles higiénico-sanitarios establecidos de protección para la salud, debido a que su consumo no se encontraba certificado. De esta manera, por tanto, se impidió que estos productos pasaran a la cadena de comercialización.
Estos hechos pueden considerarse, según la normativa que les aplica, infracciones tipificadas como graves, con las sanciones correspondientes que conllevan. Por estos motivos, la actuación llevada a cabo pone de manifiesto la importancia del trabajo realizado por parte de la Inspección Pesquera para garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente, una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros, y luchar contra actividades ilícitas en el ámbito de la pesca que proporcionen una protección medioambiental y conservación de la biodiversidad marina.
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