La Caja Suiza de Compensación que abonaba la pensión ha calculado que el importe cobrado indebidamente es de 79.296,468 euros
MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)
El Fiscal ha pedido una pena de tres años de cárcel para una mujer acusada de cobrar hasta 2016 la pensión de viudedad de la madre de su pareja, a pesar de que esta llevaba fallecida desde 1998, según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
El inicio del juicio está previsto para las 10.00 horas de este miércoles, 14 de febrero, en la sala 006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
La acusada, nacida en 1971 en Alhama de Murcia y sin antecedentes penales, era pareja sentimental del hijo de la beneficiaria de la pensión, con el que residía en compañía de sus hijos en Las Torres de Cotillas.
A su vez, la pareja de la acusada e hijo de la beneficiaria de la pensión de viudedad falleció el 1 de noviembre de 2007.
La auténtica beneficiaria, que falleció en 1998, era beneficiaria de una pensión de viudedad ordinaria suiza cuyo pago realizaba la Caja Suiza De Compensación desde el 1 de noviembre de 1985, tras resolución de 13 de enero de 1986 que le reconocía derecho a esta prestación.
La Caja Suiza de Compensación ingresaba mensualmente la cantidad correspondiente desde esa fecha en las diversas cuentas que le iba facilitando la beneficiaria, que se comunicaba por correspondencia con la entidad financiera.
La beneficiaria de la pensión falleció el 6 de enero de 1998, aunque este hecho no fue comunicado a la Caja Suiza de Compensación hasta el 22 de enero de 2016 por parte del Ministerio de Justicia español.
El Fiscal determina por ello que la acusada, con ánimo de obtener un “beneficio patrimonial” y “lucrarse de lo ajeno”, no comunicó a las autoridades suizas el fallecimiento de la beneficiaria y siguió cobrando su pensión desde febrero de 1998.
Inicialmente, la pensión era de unos 240 euros y, finalmente, de unos 430 euros mensuales, según el Minsiterio Público, que ha señalado que la Caja Suiza de Compensación, a través de la Cooperación Judicial internacional, ha determinado que el importe cobrado indebidamente es de 88.479 francos suizos, es decir, 79.296,468 euros.
Durante el tiempo que duró la presunta estafa, el Fiscal señala que la Caja Suiza de Compensación solicitaba certificados de vida y estado dado que para seguir pagando la pensión.
Por ello, la acusada procedió a remitir diversos certificados manuscritos en los que figuraba la firma de un funcionario del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el sello del citado Consistorio, sin que el mismo la hubiera realizado.
Asimismo, aportaba diversos sellos, según el certificado: el del Registro Civil y el del Juzgado de Paz de Las Torres de Cotillas. Para lograrlo, la acusada se valió del Certificado de defunción de su pareja, procediendo a traspasar el sello y la firma del funcionario al escrito que certificaba la fe de vida de la beneficiaria. Todo ello, con el único fin de seguir cobrando su pensión.
El Fiscal considera que la acusada es autora de un delito de estafa agravada por la cuantía y de un delito continuado de falsedad documental por el que procede imponerle una pena de tres años de cárcel.
En cuanto a la responsabilidad Civil, el Fiscal pide que la acusada indemnice a la Caja Suiza de Compensaciones con 79.296 euros. Esta cantidad deberá ser incrementada en el interés legal de conformidad con lo dispuesto en la legislación.
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