MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Ministerio del Interior ha elevado a 7.925 los identificados para posible sanción en la cuarta jornada de protesta del sector agrario, con la incoación de 3.035 denuncias administrativas por los cortes de carreteras y las tractoradas en diferentes puntos de la geografía española. La cifra de detenidos se mantiene en 20 personas en el acumulado desde el martes.
En paralelo, ultima los dispositivos para este sábado ante la marcha anunciada por la Plataforma 6-F en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y el anuncio de extender la protesta también a los Premios Goya que se celebran en Valladolid. Según fuentes policiales, la previsión es que se movilicen unos 500 ‘antidisturbios’ por si tuvieran que intervenir en la capital de España y otros 250 en la ciudad castellano-leonesa.
El cuarto día de protesta deja un balance, con datos acumulados entre el martes y las 15.00 horas del viernes, de 7.925 personas identificadas para posible sanción en aplicación de la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana –la conocida como ‘ley mordaza’– y otras 3.035 denuncias administrativas, según fuentes de Interior.
A FERRAZ Y “A POR LOS GOYA”
La Plataforma 6-F ha redoblado sus llamamientos a la movilización para que agricultores, ganadores y transportistas sumen fuerzas y marchen juntos este sábado, 10 de febrero, hasta la sede nacional del PSOE. “Vamos a paralizar los mercados, con intento de llegada a Ferraz”, aseguró Xaime da Pena Gutiérrez, responsable jurídico de esta plataforma convocante.
Además, unos 150 agricultores se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León al grito de “a por los Goya” y han criticado que las autoridades están ejecutando órdenes “ilegales” prohibiéndoles circular.
Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado su mensaje de que las protestas de los agricultores no pueden afectar a los servicios esenciales y ha lanzado un mensaje para advertir de que “no van a permitir” las concentraciones sin comunicación previa, como la marcha hasta Ferraz.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pero, en correspondencia, el resto de la sociedad tiene también su derecho a vivir tranquilamente”, ha señalado, apuntando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están demostrando una “eficiencia clara”.
Grande-Marlaska ha criticado que una de las tractoradas se llevaran a cabo en las inmediaciones de la vivienda de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. “Interferir en la vida privada está al margen del ejercicio democrático de los derechos”, ha dicho.
CARGAS Y MOMENTOS DE TENSIÓN
Agentes de la Policía y la Guardia Civil, así como de policías autonómicas, se han desplegado desde el primer día por diferentes carreteras españolas para advertir de que no se podían cortar carreteras en concentraciones que previamente no habían sido comunicadas.
Estos días han dejado momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, con cargas puntuales que en la autovía A-66, a la altura de Zafra, en Extremadura, con el resultado de un guardia civil herido por el lanzamiento de una piedra.
Los agricultores han marchado en algunas ciudades como Barcelona, donde se reunieron con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para pedirle simplificar la burocracia e imponer “reciprocidad” en las importaciones desde fuera de Europa, poniendo fin a la competencia desleal y estableciendo precios adecuados a los costes.
Granada fue en la segunda jornada de protestas uno de los puntos de más tensión por el arresto seis personas en la concentración junto a la A-92 en el término municipal de Santa Fe, en el área metropolitana de la ciudad andaluza. La intención de agricultores y ganaderos era llevar la tractorada a la circunvalación de la capital granadina durante la mañana.
ADVERTENCIAS DEL GOBIERNO
Desde las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno recordaron desde el miércoles que iban a comenzar a tramitar las sanciones por los cortes de vía y protestas no comunicadas que son alentadas por la Plataforma 6-F y son difundidas por las redes sociales, al margen de los sindicatos agrarios tradicionales.
El Ministerio del Interior monitoriza la situación desde el martes con un Centro de Coordinación (CECOR) en el que participan mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como policías autonómicas y representantes de la DGT y de los ministerios de Agricultura, Política Territorial y Transportes.
El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado estos días que el propósito del Gobierno es atender a las demandas del campo y garantizar el derecho a la manifestación, pero sin que esto afecte a los servicios esenciales ni a la movilidad de los ciudadanos.
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