SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)
El presidente del partido político Identitarios, José Ignacio Vega, ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de un delito de incitación al odio o la discriminación por razón de raza por falta de pruebas.
La sentencia, hecha pública este jueves, reconoce que Vega participó en el canal de Telegram ‘Manifestaciones canarias contra la inmigración’ en el que se vertían comentarios racistas contra los migrantes, pero no fue el creador y su participación se limitó a publicar un vídeo con una entrevista suya.
Posteriormente abandonó el grupo y en el juicio oral llegó a comentar que se decían “burradas” y que no conocía al resto de usuarios –más de 70 personas– ni sabía si formaban parte de su organización política.
En el juicio quedó acreditado que Vega convocó una manifestación e Santa Cruz de Tenerife el pasado 21 de noviembre de 2020 bajo el lema “Acude a la manifestación, salvemos nuestra identidad” y “Sin integración no hay inmigración”, que se saldó sin incidentes y sin comentarios humillantes en las redes sociales.
En el grupo de Telegram, en cambio, sí se publicaron diversos mensajes como “la única diferencia entre un moro y yo va a ser que él es un asesino fanático religioso, yo voy a ser un asesino fanático de la libertad”, “si por mí fuera me armaba ahora mismo y empezaba a pegar tiros” o “que no, ni en Canarias, ni en España ni en Europa, esa gente se extiende como la peste, y ya que no son capaces de controlarlos hay que exterminarlos”, entre otros.
La sentencia señala que la convocatoria de la manifestación fue “legal” y al mismo tiempo, afea la “escasa y corta” investigación judicial para esclarecer los hechos pues entre otras cosas no se trabajó para obtener la fecha de creación y la plena identificación del creador, propietario, administradores y participantes del grupo de Telegram.
“Estas omisiones han impedido que se pudiera emprender actuaciones penales tendentes a perseguir a los posibles responsables directos de los citados mensajes”, destaca.
Asimismo señala que el hecho de que una persona ostente la condición de presidente de un partido político no le convierte, “de manera directa y sin necesidad de prueba de su culpabilidad” en responsable penal de los mensajes o comentarios que se puedan realizar en sus redes sociales, aparte de que tampoco se sabe quién gestionaba los perfiles de la formación.
LA DISCREPANCIA POLÍTICA NO ES ILEGAL
Igualmente, apunta la sentencia, la mera convocatoria de una manifestación con el objetivo de difundir y promover un “posible abordaje” del problema de la inmigración irregular de modo distinto del que se podía estar realizando por las autoridades “no constituye, por sí misma, una forma de incitación a la realización de ese tipo de comentarios violentos y racistas”.
De hecho, según múltiples resoluciones del Tribunal Constitucional, “la discrepancia política acerca del modo de resolver los diferentes problemas y retos a los que se enfrenta una sociedad, siempre que se efectúe dentro el marco constitucional y legal, no constituye una actividad delictiva o al margen de la ley”.
Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
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