BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un nuevo expediente sancionador contra Hungría por reformas que atentan contra el Estado de derecho, en este caso por considerar que su controvertida “Ley de Defensa de la Soberanía” para investigar presuntas injerencias extranjeras vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo principios como el de la democracia y los derechos electorales de los ciudadanos.
El procedimiento de infracción arranca con una carta de emplazamiento que concede un plazo de dos meses al Gobierno de Viktor Orbán para enmendar la situación y es la primera de las tres fases previstas en el mecanismo comunitario. En caso de no resolverse la situación, permitirá a Bruselas denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ejecutivo comunitario ha subrayado al anunciar el expediente que su decisión es resultado de una “evaluación exhaustiva” de la norma adoptada por el Parlamento húngaro en diciembre del pasado año y que crea una Oficina de Defensa de la Soberanía para investigar actividades que beneficien a otro Estado o a una organización o persona extranjera si se sospecha que pone en riesgo la soberanía de Hungría o pretende influir en la decisión de voto de los húngaros.
Este marco, que voces críticas alertan de que busca reforzar el poder de Orbán y silenciar a sus críticos, contiene también disposiciones y modificaciones de la legislación húngara vigente que prohíben a los candidatos y los partidos políticos utilizar financiación extranjera en sus campañas electorales y prevé sanciones penales para ellos.
En este contexto, la Comisión considera que la norma viola distintas disposiciones tanto del Derecho primario como del Derecho derivado de la Unión Europea, por ejemplo los valores democráticos de la Unión, los derechos electorales de los europeos; así como Derechos Fundamentales como el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos privados o libertades como la de expresión, la de información y la de asociación.
Otros derechos en riesgo por esta ley son el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho a no declarar contra sí mismo y la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado, según detalla el Ejecutivo comunitario en su acusación.
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