SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)
Un total de 913 hogares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife necesitaron acudir a Cáritas Diocesana a pesar de que sus miembros sustentadores estaban trabajando. De ellos, casi un centenar de hogares reconoce que alguno de sus miembros trabaja sin estar dado de alta en la Seguridad Social, tanto por cuenta propia como ajena.
Según datos registrados por Cáritas Diocesana de Tenerife, a través de sus Cáritas parroquiales, arciprestales y proyectos específicos, 2.830 personas recibieron algún tipo de ayuda para afrontar gastos básicos, aunque el hogar del que forman parte percibe ingresos mensuales. Esta cifra representa en torno al 20% del total de hogares (5.393) que fueron acompañados por Cáritas Diocesana de Tenerife, una cifra similar a las de los tres últimos años.
Además, según los datos recogidos por la institución católica, muchas de estas personas acudían por primera vez a alguno de los servicios ofrecidos por Cáritas, una tendencia que previsiblemente se mantendrá a lo largo de este año.
En palabras del director de la entidad, Juan Rognoni, “se trata de datos que manifiestan lo que tantas veces hemos afirmado, como es la cronificación de la pobreza, lo que nos obliga a hacer el ejercicio personal como sociedad de ver al hermano y hermana que están cerca y en necesidad para ofrecerle nuestra mano y ayudarle a levantarse”.
Al igual que en los últimos ejercicios, la mayoría de las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Tenerife el año pasado fueron mujeres (en torno a un 65%), y a medida que se acerca el fin de la vida laboral se localizan situaciones de mayor vulnerabilidad. En concreto, las personas de entre 40 y 60 años representan casi el 60% de los beneficiarios de la acción de la entidad.
Por ello, Cáritas Diocesana de Tenerife plantea la “sistemática vulneración” y la “precarización de los derechos” de las personas que se atienden diariamente tanto en las parroquias como en los distintos programas y proyectos con los que cuenta la institución, ya que los datos continúan reflejando que el 29,1% de la población en Canarias (unas 600.000 personas, según el último informe de la Fundación Foessa, publicado en marzo de 2022) se encuentra en situación de “desventaja importante” y más de 300.000 están en situación de “exclusión severa”. No en vano, dicho informe expone que hoy existen en Canarias más de 120.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.
Según dicho informe, recuerda Juan Rognoni, “se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que genera más trabajadores pobres y niveles más bajos de realización personal y social. Desde la pandemia por la Covid-19, “la precariedad se ha triplicado en Canarias y alcanza casi 130.000 hogares (15%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave”, subraya Rognoni, quien advierte que “en estos momentos, que el sustentador se encuentre en paro de larga duración es una realidad que alcanza a más de 50.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado”.
“En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago es la casuística que más se repite. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 165 mil familias (19%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa”, recalca Juan Rognoni, quien insiste en que “existe, por tanto, un problema grave de acceso a derechos humanos como la salud o la vivienda. Y esta dificultad aparece vinculada con el limitado acceso a unos ingresos que los aseguren y que dependen de un mercado laboral que expulsa y precariza a las personas trabajadoras”.
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