La procesada supuestamente dejó de pagar las cuotas correspondiente de 2017 a 2020
GIJÓN, 6 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Área de Gijón solicita cuatro años y medio de prisión para una empresaria de Gijón acusada de defraudar a la Seguridad Social más de 145.000 euros.
Según una nota de prensa de la Acusación Pública, la vista oral está señalada para este próximo miércoles, a las 10.00 horas, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.
De acuerdo al relato fiscal, la acusada (1972), desde el 14 de agosto de 2000, venía ostentando la condición de administradora única de una sociedad mercantil, con domicilio social en Gijón, teniendo la misma como objeto social la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación comercial de todo tipo de establecimientos de hostelería.
La acusada, durante los ejercicios correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, en perjuicio de la Tesorería General de la Seguridad Social, dejó de abonar las cuotas correspondientes.
Tampoco presentó de manera regular todos los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las correspondientes cuentas en el Registro Mercantil, no habiendo comparecido a las citaciones efectuadas por la Tesorería de la Seguridad Social ni mostrado voluntad de solicitar un fraccionamiento de pago real.
La cantidad total dejada de abonar a la Seguridad Social asciende a un importe principal total de 145.036,92 euros. El perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 197.742,15 euros, incluidos los recargos e intereses.
Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 bis párrafo a) en relación con el artículo 307 y 31.
Al margen de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide para la procesada multa de 500.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante siete años.
Además, solicita para ella la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena.
En concepto de responsabilidad civil, la acusada, y como responsable civil subsidiaria la mercantil a la que representaba, indemnizará a la Tesorería de la Seguridad Social con 197.742,15 euros, más los intereses legales correspondientes, además de abonar las costas procesales.
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