SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado que 185.502 personas han percibido en la provincia durante el año 2023 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de los que 99.501 son mujeres y 85.982 hombres.
Así lo ha detallado Toscano este lunes en Sevilla, en el marco de la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz a Sevilla, donde ha mantenido un encuentro con el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, y su equipo directivo, así como con estudiantes de esta misma institución. Además, la ministra ha visitado las instalaciones de la residencia universitaria Flora Tristán, que desarrolla un proyecto social en el Polígono Sur de la capital hispalense.
Sobre el IMV en la provincia de Sevilla, el subdelegado ha explicado que la mayoría del total de los beneficiarios, 106.803, son adultos y 78.699 menores. Al hilo de este dato, ha recordado que, en el marco del Ingreso Mínimo Vital, el complemento de ayuda a la infancia supone un refuerzo para luchar contra la pobreza infantil. Así, se han percibido en Sevilla durante el año 2023 un total de 41.123 prestaciones con complemento de ayuda a la infancia.
En cuanto al tipo de hogar que ha recibido el IMV, ha destacado que 14.186 hogares están formados por dos adultos y dos menores, 10.252 lo forman dos adultos y un menor, 8.932 lo forma un adulto, o que 7.357 hogares lo forman un adulto y un menor.
El subdelegado ha subrayado que el Ingreso Mínimo Vital supone “uno de los grandes avances” en derechos sociales en España, “una contribución a la justicia social que mejora la vida de las familias más vulnerables”. Esta medida forma parte del Escudo Social Sevilla que el gobierno de España está desplegando para proteger a las sevillanas y sevillanos, de las sucesivas crisis internacionales, energéticas o de precios que estamos sufriendo.
El responsable del ejecutivo en la provincia ha recordado que esta medida la instauró el Gobierno central en el año 2020 y que sus objetivos son la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
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