MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Algo más de un centenar de solicitantes de asilo procedente de países africanos continúa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras frenarse el número de migrantes que recurren al “fraude en escala” al aterrizar en la capital y, además, tramitarse en el mes de enero un total de 914 expedientes de protección internacional desde las instalaciones aeroportuarias, lo que permite el acceso a España hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) resuelva definitivamente cada caso.
Según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press, del 1 al 31 de enero se han tramitado 914 expedientes –la cifra de la semana pasada, a días de completarse el mes, era de 864–. En paralelo, se ha ordenado la devolución de al menos 108 personas por no pasar el primer filtro para pedir protección en España.
La situación en las cuatro salas habilitadas por el Ministerio del Interior y AENA para albergar a los solicitantes de asilo ha bajado notablemente en la última semana: el lunes pasado eran más de 400 los demandantes de protección internacional y siete días después son algo más de 100 los que continúan en Barajas.
Sindicatos policiales denunciaron el pasado viernes que las salas de solicitantes de asilo, pese a las medidas de limpieza y refuerzo de seguridad, seguían “desbordadas” por los fraudes en escala, con por entonces unos 240 migrantes aguardando en Barajas, de los que el 65% eran senegaleses. Las organizaciones policiales avisaron de que en enero se habían tramitado desde el aeropuerto las mismas solicitudes de protección internacional que todas las acumuladas en la mitad de 2023.
En el descenso de las llegadas de solicitantes de asilo ha sido clave que se haya reforzado el control en el embarque de vuelos procedentes de la ciudad marroquí de Casablanca, así como la petición de visados de tránsito para nacionales de Kenia y de Senegal –que entrará en vigor el 19 de febrero–. No obstante, los sindicatos han insistido en extender esta medida a todos los países africanos.
Este viernes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió la dimisión del director de AENA en Barajas, Mario Otero, por su “inoperancia y desatención” en lo que se refiere a las dependencias para acoger a solicitantes de asilo. Lo hizo después de que la Inspección de Trabajo visitara las salas, a raíz de una denuncia suya por la situación de insalubridad y hacinamiento.
La Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, reiteró que la situación seguía “desbordando los recursos policiales en Barajas”, habiéndose registrado en enero tantas peticiones de protección internacional como la mitad del año pasado.
El dato en este sentido coincide con el número de llegadas en patera a Canarias en este mes de enero, según el balance oficial del Ministerio del Interior, ya que del 1 al 31 de enero accedieron a las islas un total de 7.270 migrantes de forma irregular, lo que supera el acumulado durante los primeros seis meses de 2023.
La crítica de los sindicatos se centró también en la “clara insumisión y dejación” de Cruz Roja, que abandonó la asistencia a los migrantes en Barajas en una decisión que fue censurada por el Ministerio del Interior, que asumió desde entonces la limpieza y habilitó una cuarta sala para acoger a migrantes, además de reforzar los efectivos de Policía y de la OAR.
Los sindicatos coinciden en defender la gestión de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en Barajas, así como otras medidas como la presencia de agentes ‘antidisturbios’ para garantizar la seguridad, ya que hubo al menos una veintena de fugas y también se dieron episodios de tensión por discusiones y peleas entre los migrantes.
La ruta que describen es la de migrantes que embarcan desde ciudades como Casablanca con la Royal Air Maroc –compañía señalada como principal causante de estos “fraudes en escala”– con destino a países como El Salvador. Su intención es llegar a EEUU, pero este último país sube las tasas de entrada para impedirlo, por lo que cuando hacen la primera escala en Madrid ya no prosiguen el viaje.
“Son personas que luego quedan en situación de vulnerabilidad, con deudas que tienen que pagar a las mafias y que alimenta las redes de inmigración ilegal”, advierten desde el SUP.
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