MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
SOS Rural cree que la alimentación de los españoles dependerá de Marruecos en una década, según se expuso en un encuentro de debate celebrado en Madrid y en el que también se advirtió “del desastre al que está asistiendo el sector primario español, resumido en menos hectáreas de cultivo, menos cosechas y por ello una consecuencia directa para todos los españoles: subidas constantes de los precios de los alimentos y descenso del consumo de frutas y hortalizas”.
La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, compartió con los asistentes unos datos que sostuvo que acreditan un cuadro “desalentador”, ya que dijo que “el precio de los alimentos subió el 11,7 por ciento en España en 2023, que se acumula al 15,3 de 2022. Es decir, en dos años, la cesta de la compra les cuesta a los españoles el 27 por ciento más,“una barbaridad inasumible para muchas familias. “Una de las causas principales de este gran problema es el desmantelamiento acelerado de la producción de alimentos en España, tanto agrícolas como ganaderos”, apuntó Corbalán.
Para apuntalar estas afirmaciones, la portavoz de la entidad dejó un ejemplo “que todo el mundo entiende en España”. La propia Comisión Europea” augura una caída del 21,5 por ciento de la superficie dedicada al cultivo de tomate, uno de los productos estrella, icónico y de consumo masivo en España, y del 22 por ciento de su producción en nuestro país en los próximos años. Los datos de comercio exterior de la UE demuestran cómo las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo están matando su propio campo”.
Manifestó que, en total, se han incrementado en el 52 por ciento desde 2013 hasta 2022 (de 365.695 a 557.225 toneladas). “El ejemplo palmario del tomate, que es un caso entre otros muchos de nuestra huerta, acredita que estamos abocados a que nuestra alimentación básica y diaria dependa de terceros y de sus caprichos políticos. Y que España, un país que ha sido una potencia mundial, no será capaz de producir alimentos para cubrir las necesidades de su propia gente, lo que llamamos la soberanía alimentaria, un concepto de elemental interés estratégico para cualquier Estado”, añadió Corbalán.
“Las políticas europeas están provocando su propio suicidio, ya que el caso del tomate se puede aplicar a cualquier producto, como la carne. Las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales semi-esclavistas, provocan que los productos de Marruecos o Egipto, con mano de obra subsahariana, revienten el mercado europeo y añadan un factor antes superado de inseguridad alimentaria”, apuntó la portavoz de SOS Rural. “Lo que es realmente frustrante es que sea la propia UE quien financie la creación de nuevas tierras de cultivo en Marruecos para externalizar la producción”, mientras “el mundo rural español y europeo agonizan”, añadió.
Por su parte, Adolfo García Albaladejo, director general de Camposeven, empresa agrícola de producto ecológico y presidente de la Fundación Ingenio, expuso más datos. Indicó que la exportación española de frutas y hortalizas frescas “se derrumba” porque en 2022 “cayó otro 10 por ciento más (nada menos que 12 millones de toneladas)”. “Y así cada año. Una tendencia mortal”, señaló. Por comunidades autónomas, Andalucía exportó el 9 por ciento menos; Comunidad Valenciana, el 11%, la Región de Murcia, la llamada huerta de Europa, nada menos que el 16 por ciento, datos que confirman la invasión de productos de otros países y el abandono de tierras de cultivo en España.
Para Adolfo García, las consecuencias son palmarias para todos los españoles: la alarmante subida de los precios de los productos frescos en los supermercados, que “se están convirtiendo en artículos de lujo. De hecho, su consumo en España está disminuyendo a gran velocidad y están siendo sustituidos por ultraprocesados. Es el principio del fin de la dieta mediterránea: cada español ha eliminado de su cesta de la compra 2,45 kilos de esos alimentos”, según dijo en baso a datos qu asignó al Ministerio de Agricultura de agosto de 2023.
García señaló un ejemplo concreto de otro tipo de consecuencias que provoca “la política anti agricultura en España, ejemplo extensible a otras regiones. La Ley del Mar Menor ha provocado en apenas tres años la caída brutal del precio de las tierras de cultivo en torno al Mar Menor, en el Campo de Cartagena, la llamada huerta de Europa. Un estudio pericial encargado por la Fundación Ingenio, que preside, concluye que existe una pérdida patrimonial de 10 euros por m2 en de tierras de regadío, lo que supone un total de 3.500 millones de euros de pérdidas sólo en el Campo de Cartagena. Pérdidas que son consecuencia directa de la incompetencia, ignorancia, o ambas, de los políticos”.
Por su parte, Jorge Jordana, director del Área Agroalimentaria de la Fundación Lafer, subrayó que el problema del sector primario español es “su falta de unión y que las organizaciones agrarias están todas subvencionadas por el Estado, Y el que paga, manda”. De esta forma trató de explicar el silencio del campo español, en contraste con el europeo, incluso en situaciones críticas como la actual. “Hay un medioambientalismo sociológico en Europa y las políticas son asfixiantes. Se busca producir menos, y ello hace imposible que haya productos asequibles”, afirmó. Añadió que en España, “la vicepresidenta Teresa Ribera prioriza eliminar regadíos para instalar huertos solares. Es decir, se producirán menos alimentos, y luego lloraremos”.
Jordana fue taxativo al afirmar que “la UE comete un delito cuando no ampara la competencia leal, es decir, la igualdad de las reglas comerciales para todos, como está escrito en los Tratados”, al dar entrada sin control a productos procedentes, por ejemplo, de Marruecos. “¿Cómo es que nadie todavía ha llevado a las instituciones de la UE ante el Tribunal Europeo por vulneración de la competencia?”, se preguntó.
Sobre la representación política de agricultores, ganaderos y pescadores, Jordana también fue contundente: “No hay ni en España ni en Europa una representación política válida que defienda al sector primario, por eso apoyo a SOS Rural”.
Tanto Corbalán como Adolfo García quisieron subrayar que “las zonas rurales están muriendo y con ellas desaparece una parte esencial del tejido de nuestra sociedad y una parte fundamental de nuestra identidad. La crisis de despoblación es un hecho en decenas de miles de municipios rurales de Europa. Ya no se trata de políticas de desarrollo, sino de protección del mundo rural. La producción agrícola y la tierra rural sufren movimientos especulativos que obligan a los agricultores a ver cómo sus terrenos son reemplazados por industrias que no contribuyen al objetivo de la seguridad alimentaria, como la instalación masiva de placas solares en tierras de cultivo, una expropiación de facto de la tierra”.
Por todo ello, SOS Rural vaticina una “respuesta política contundente y unitaria del campo español” para evitar su colapso, como ya está ocurriendo en Alemania, Francia o Italia. España padece problemas muy similares a los de estos países. Los ganaderos de nuestro país se ven abocados a sacrificar su cabaña por una regulación de protección animal que hace imposible mantener las explotaciones; las irracionales exigencias ambientalistas liquidan la agricultura; se criminaliza la actividad agraria, y, al mismo tiempo, se abren de par en par las puertas a la llegada masiva de productos sobre todo de Marruecos. Estas políticas acaban con la totalidad de la economía y la vida en el mundo rural. Por este motivo, SOS Rural augura que el mundo rural español, pero también buena parte del urbano, dará una “respuesta contundente”. “Será una respuesta política y unitaria, que SOS Rural tratará de canalizar para evitar el colapso” de la forma de vida de millones de españoles, concluyó.
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